Jueves 10 de Julio de 2008, 12:09

Ex funcionario de Busti debe pagar $600.000 al Estado

| El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Paraná, encabezado por el basavilbasense Dr. Juan Carlos Coglionesse dispuso el embargo sobre dos inmuebles del ex funcionario Saúl Kohan, finalizando así un proceso judicial 17 años después de ocurridos los hechos que se investigaron.

Kohan se desempeñaba como subsecretario de Justicia del primer gobierno de Jorge Busti, deberá pagar alrededor de 600.000 pesos al Estado por los daños y perjuicios de un contrato desventajoso para la Provincia, firmado en marzo de 1991, para equipar con un sistema informático a los juzgados laborales. En abril de este año, la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió el caso (Expediente Nº 4.953) al declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley que promovió Kohan contra la resolución de la Sala Segunda con competencia Civil y Comercial de la Cámara Tercera de Apelaciones de Paraná. El fallo en primera instancia lo había dictado en marzo de 2003 el juez en lo Civil y Comercial Nº 1 Juan Carlos Coglionesse, quien condenó a Kohan a abonar a la Provincia 588.095 pesos más los intereses computados desde el 10 de mayo de 1991 según la tasa activa del Banco Nación. A principios de 2001, el entonces fiscal de Estado adjunto, Víctor Hugo Berta, promovió el juicio ordinario por daños y perjuicios, derivados por incumplimiento del contrato o relación de empleo público. Apoyó la demanda en las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas, caratuladas “Senadores U.C.R. s/informe equipos de computación del Poder Judicial (denuncia semanario Paralelo 32 ciudad de Crespo)”. El motivo de la denuncia fue el presunto perjuicio económico causado al erario público en ocasión de darse cumplimiento al Contrato de Provisión de un sistema informático a los juzgados laborales del Poder Judicial de la Provincia, celebrado en el 20 de marzo de 1991 entre el gobierno -representado por el entonces subsecretario de Justicia- y la empresa Uxer Computación SA. Según la denuncia, en ese contrato -aprobado por Decreto Nº 1.815 del Ministerio de Gobierno el 10 de mayo del mismo año y ratificado por la Legislatura- se convino por el equipamiento y sistema adquirido un precio superior al que regía en plaza de esa época.