Fedeco evalúa presentación judicial contra la reforma im

Oertlin destacó que “este nuevo atropello, que podría declararse inconstitucional porque las cooperativas son entidades sin fines de lucro, trae a las claras que el único afán del gobierno con esta modificación al Código Fiscal es recaudatorio. Por eso, nuestro equipo de abogados estudia realizar una presentación legal en tiempo y forma, para declararla inconstitucional. Lo estamos consultando con las cooperativas, y haremos lo propio con las otras Federaciones de la provincia, para ver si están de acuerdo y se suman en esta instancia; después veremos si la acción de clase corresponde, aunque estimamos que sí porque Fedeco es una organización que reclama por sus socios”. Sin embargo el titular de Fedeco se mostró preocupado por el juzgado donde se presente la causa: “dependemos del juez que nos toque, y no obviamos la presión que tendrá el magistrado desde los sectores oficiales, que actúan de manera denigrante con la justicia, que debe actuar por si, y para hacer justicia, valga la redundancia, no para beneficiar a un determinado sector, en este caso, el Estado”. También consideró que “como ciudadanos, como productores, muchas veces nos cuesta encontrar quien nos defienda como corresponde. Si no tenemos jueces dignos, probos, que se jueguen por la justicia y no por la personal, estamos perdidos como ciudadanos y como sociedad”, reflexionó. El ingeniero Agrónomo explicó que el Impuesto a los Ingresos Brutos es aplicable en actividades con lucro, pero aclaró que las cooperativas no persiguen ese fin. “No tenemos ganancias, tenemos excedentes que se reparten. Nos da la sensación que otra vez el gobierno provincial, como el mejor alumno del nacional, no respeta la Constitución, y tampoco las leyes. Ante esta situación, trabajamos para corregir estos errores a través de la justicia”. Sobre cómo afectará a las cooperativas esta nueva modificación al Código Fiscal, Oertlin respondió que “genera un costo impositivo de alrededor de 200 por ciento más”. Por ejemplo, una cooperativa que pagaba al Estado 200.000 pesos por mes, “ahora deberá aportar al erario provincial para que se malgaste, aproximadamente 600 mil por mes, mientras otra tendrá que abonarle 700.000 pesos más de lo que ya venía pagando. El efecto sobre las cooperativas será mucho más importante que en el resto de las empresas que ya aportaban impuestos, porque antes no estaban alcanzadas”. El dirigente ejemplificó que en el caso de los cereales, el Impuesto a los Ingresos Brutos se cobrará de acuerdo a lo que la entidad percibe de comisión por esa venta, pero “hay otros gravámenes, por ejemplo a la trilla, que recaerán sobre el productor, que de por sí atraviesa una situación harto complicada”. Otro gasto que tendrán que afrontar las cooperativas es el cargo por las patentes de camionetas y camiones, lo que agravará aún más la situación delicada que atraviesan muchas de ellas por el complicado momento del sector agropecuario. “El comerciante, los empleados estatales, o privados, que creen que no los afectará esta reforma se equivocan. El ‘impuestazo’ pega muy fuerte en el consumidor, especialmente en las personas de menor poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál es el verdadero fin de esta modificación? No tenemos dudas que la finalidad es recaudatoria; es mentira que afectará a los contribuyentes de mayores recursos”, denunció. Oertlin recordó que la Constitución Provincial establece que las cooperativas, entidades sin fines de lucro, están exentas de algunos impuestos como los Ingresos Brutos, pero aclaró que “da la impresión que el gobierno ni se enteró de esta circunstancia. Las cooperativas, que tienen su actividad comercial totalmente en blanco, son las más afectadas por esta reforma, porque muchas otras empresas operan con un porcentaje significativo en forma marginal”. Además señaló que la mayoría de los productores atraviesan una situación de quebranto, y opinó que “lo que hará esta reforma es recaer con mayor intensidad en los pequeños y medianos, y lo mismo ocurrirá con las entidades cooperativas. Aquellas más pequeñas sufrirán peores las consecuencias y serán las más perjudicadas”. El productor advirtió que “si este gobierno dice que apoyó al sector cooperativo, con esta acción está demostrando que no es así: quedarán exentas algunas cooperativas de trabajo que no son tales, porque uno de los principios fundamentales es que nuestras organizaciones son de libre adhesión, y en esos otros casos recientes, ya sabemos que no es así”. Oertlin detalló que en una cooperativa, sus miembros eligen libremente al Consejo de Administración, mientras que “en las actuales ‘cooperativas de trabajo’ no, porque sus miembros son digitados por líderes políticos afines al gobierno. No cumplen con los principios reales del cooperativismo y aunque algún legislador diga que ‘ahora hay cooperativismo solidario’, tenemos ejemplos de entidades de más de 100 años en Entre Ríos, que han sido y son solidarias, y que crearon zonas de trabajo en la provincia, inclusive nuestra Federación, que transita su centenario y no surgió de 2013 en adelante”, fustigó. La reforma al Código Fiscal aprobada en diciembre pasado por la Legislatura de Entre Ríos, estableció en un cuatro por ciento la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a cooperativas o secciones especificadas en los Incisos l) y m) del artículo 152º del Código Fiscal (T.O. 2006). También eliminó las exenciones a las actividades de las mutuales con ingresos superiores al monto que fije la Ley Impositiva, y quitó la exención del 50 de las cooperativas que facturen por encima del monto que establezca esa norma. Fuente: AIM.