Sábado 21 de Diciembre de 2013, 17:02

Frenan el proyecto para bloquear redes sociales

| El Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, dijo en su cuenta oficial que fue un “error” avalar el proyecto para bloquear redes sociales durante conmociones como los recientes saqueos, que en esa provincia dejaron el saldo de tres muertos.

Báez dijo en un comunicado publicado por distintos medios que “reconoce su equivocación y su error de juicio al valorar el proyecto de resolución presentado con el objetivo de regular el uso de Internet y de las redes sociales”, puesto que “colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno”. Antes, el mismo Ministro había defendido el proyecto al señalar que era necesario que la sociedad debata “el rol de las redes sociales” pero negó que se busque “generar algún tipo de censura o limitaciones en la libertad de expresión”. “No planteamos poner limitaciones a la libertad de expresión y, de hecho, nuestro gobierno ha ido a la vanguardia en la defensa de la ley de democratización de medios”, había dicho. “No podemos dejar de plantear preocupación por la acción de grupos o personas que en las redes sociales alienten a actos violentos en momentos de conmoción porque todos saben que de ahí a situaciones de muerte hay un paso”. “Resulta indudable que el poder de las redes sociales es tal que son capaces de generar una realidad paralela que ponga en peligro la paz social”, había sido su advertencia. No hubo comunicación oficial del Gobernador entrerriano Sergio Uribarri sobre la marcha atrás con el proyecto, que en medios provinciales provincia se da por sentado. Durante la jornada de hoy, la página web del Senado estuvo hackeada durante algunas horas. Una placa negra con letras rojas señalaba: “Sergio Urribarri quiere limitar el uso de Internet y redes sociales. Intenten censurar Internet, veremos si lo logran”. [b]El proyecto[/b] El Diputado Ruben Almará presentó el proyecto, que causó gran polémica dado que choca con los principios de libertad de expresión y el uso de las redes sociales, aunque tanto el autor como las autoridades rechazaron que s. Almará había justificado su proyecto al sostener que “mediante Facebook y Twitter se fomenta y se contribuye al aumento de la tensión”, basándose en los incidentes y saqueos ocurridos en las últimas semanas durante la huelga de policías que pedían aumento salarial. El proyecto pide instar a organismos nacionales a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales para “bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten apología del delito y violencia, lesionen la paz ciudadana, promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan a las autoridades”. En sus fundamentos, señala que en el país se han vivido situaciones que pusieron en peligro el orden público, “tanto político y social como económico”. [b]Grupos ilegales[/b] “Grupos fuera de la legalidad que intentan desentrañar el estado democrático, días atrás se vincularon y organizaron a través del uso de las redes sociales, como Facebook, Twitter y otras, para incitar a cometer los hechos delictivos, disturbios y hechos de conmoción acontecidos recientemente”, apuntó Almará entre sus argumentos. Asimismo, agregó que la expansión de los datos en las redes sociales “produce en segundos un brote de terror y caos ante la alerta de los medios de comunicación y noticias en Internet, estallando el pánico social ante el conocimiento de comercios que fueron ultrajados, saqueados y amedrentados por los malvivientes”. [b]Ex Convencionales por la Constitución y la Ley[/b] Ex Convencionales constituyentes de Entre Ríos difundieron una carta pública por la que manifestaron su preocupación “por las expresiones vertidas por quien encabeza el poder Ejecutivo provincial (Sergio Urribarri), en relación con la presunta ‘inutilidad’ de la Constitución para resolver conflictos”, y rechazaron enfáticamente “la inaudita pretensión de un ministro del Ejecutivo y una banca parlamentaria de restringir la libertad de expresión, un Derecho Humano ampliamente consagrado por nuestra normativa vigente”. Fuente: AIM, DyN.