Fue promulgada la Ley que desfederaliza delitos relacionados con estup

A pesar de la oposición de funcionarios del poder Judicial, el gobernador provincia, Jorge Busti, promulgó en el boletín oficial la ley por la que entra en vigencia la norma que establece la desfederalización de los delitos relacionados con la venta y el consumo de estupefacientes. La norma a la que se adhirió la provincia determina que los delitos previstos y penados por la ley de estupefacientes “serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Además establece para las jurisdicciones que adhieran transferencias proporcionales y créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, del ministerio Público y del poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la ley. En ese contexto, la norma provincial faculta al poder Ejecutivo a obtenerlos créditos necesarios del presupuesto de la administración pública nacional, del ministerio Público y del poder Judicial de la Nación, con el objeto de garantizar la competencia que se asume. Si bien da potestad a las justicias provinciales, la norma nacional establece que “se conocerá la justicia federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero. En caso de duda sobre la competencia, prevalecerá la justicia federal”. Los bienes o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de la ley. Desde diversos sectores se señaló que desde el punto de vista práctico la adhesión no es útil, desde el punto de vista funcional causará un enorme daño al funcionamiento normal de los jueces locales, que ya están abarrotados y desde el punto de vista filosófico no es lícito que se castigue al adicto, sino que se lo debe tratar y contener. Fuente: AIM.