Fuertes quiere que corruptos y narcos pierdan sus bienes

“Si los delincuentes, por más que se los condene, se quedan con el producto de un ilícito, el castigo no es suficiente. Por eso comparto la idea del proyecto de ley propuesto por Sergio Massa y el Frente Renovador que va a permitir recuperar ese beneficio económico, provecho de los delitos, para ser utilizado por el Estado”, señaló Fuertes. El postulante del massismo consideró que “es necesario que en nuestra provincia aquél que cometa un delito no sólo reciba una pena sino que devuelva los bienes que obtuvo mediante esa conducta”. En ese sentido, agregó que “cuando sus bienes cuando provienen del narcotráfico, son cosas que le costaron la salud a nuestros gurises; y cuando son producto de hechos de corrupción o del lavado, es dinero que se arrebató al presupuesto de hospitales y escuelas o a los salarios de los trabajadores”. Y agregó: “Es necesario que la Ley señale a los delincuentes con claridad que al cometer un delito no sólo pueden perder su libertad, sino también todos sus bienes”. “En este particular momento que vivimos los entrerrianos al enterarnos las cosas que han sucedido en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), vemos claramente la necesidad de contar con una Ley de este tipo”, concluyó Fuertes. El proyecto que el Frente Renovador presentará en los próximos días en el Congreso prevé que el Estado pueda quedarse con el dominio de bienes vinculados a los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, actos de corrupción realizados por funcionarios y evasión de privados. Asimismo fija el destino de los bienes comprometidos, determinando que el 90% sea utilizado para financiar el programa de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación. El 10% restante, a la capacitación del personal involucrado en la recuperación de activos. En el caso de narcotráfico, el 45% de los bienes se destinan al programa de prevención de la Sedronar y el 45% restante, a obras de educación. También extiende la persecución a los activos que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país. Propone que sean imprescriptibles y no excarcelables.