Lunes 9 de Abril de 2007, 10:42

Impulsan medidas para garantizar derechos de los usuarios de celulares

| La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley que busca establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía celular. Se intenta garantizarle al usuario precisión sobre las condiciones contractuales y calidad en el servicio.

De prosperar la iniciativa, las empresas prestadoras no podrán establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, ni tampoco practicar el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas, entre otros puntos. La iniciativa intenta regular un creciente mercado en el que los celulares en servicio triplican a los de línea fija o residenciales. Osuna indicó que presentó el proyecto “para establecer el marco de la relación contractual entre el prestador del servicio de comunicaciones móviles y el usuario, con el fin de atender a la preocupación por las fallas en el sistema y el creciente número de quejas y reclamos de los usuarios”, que lideran “el ranking de reclamos de los organismos de Defensa del Consumidor”. Osuna señaló que el proyecto comprende las disposiciones de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, y expresó que en la iniciativa se establecen “las condiciones particulares de la relación prestador-usuario de los servicios de comunicaciones móviles”, al tiempo que se definen “los requisitos que debe contener el contrato que une a las partes, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación de la ley”. Además señaló que “el crecimiento del mercado de la telefonía celular ha sido, sin duda, significativo en los últimos tiempos, pero a la vez ha provocado una total desproporción en relación a la garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios”, y añadió que el artículo 42 de la Constitución nacional -que eleva a nivel constitucional los derechos de consumidores y usuarios- establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el consumo de servicios públicos registró en enero un aumento del 15,4%, impulsado principalmente por la telefonía celular. Según el organismo, la cantidad de aparatos aumentó un 42% y alcanzó un total de más de 32 millones de unidades. Respecto al tipo de reclamos que los usuarios han manifestado sobre este servicio, Osuna indicó que son “la inclusión de cargos que no fueran oportunamente contratados, facturaciones de importes distintos a las incluidas en las promociones, falta de señal, envío irregular de facturas, información insuficiente en relación a las condiciones de contratación y la falta de atención personalizada a los usuarios, entre otras”. También indicó que “se ha considerado especialmente que una de las quejas más habituales por parte de los usuarios es la atención que reciben”, y explicó que “por ello se ha establecido que las prestadoras del servicio de telefonía móvil están obligadas a disponer de un servicio de atención personal al cliente, que mejore sensiblemente la situación actual para que deban ser atendidas y resueltas las quejas y reclamaciones derivadas de la relación contractual. A opción del usuario, también se contempla la atención de los clientes telefónicamente”.