Judiciales | El Secretario General de la Seccional Entre Ríos de UPCN está acusado de haberse quedado con casi US$ 1.200.000 del Estado provincial.
La causa se inició tras una investigación del equipo periodístico de Daniel Enz en el año 2012 y tras varias trabas en estos nueve años, finalmente se pudo avanzar con un pericia contable que demostró que el nogoyaense tenía una fortuna que no podía justificar.
Luego José Ángel Allende admitió que robó dinero del Estado provincial a lo largo de dos décadas y ofreció devolver el equivalente a 1.200.000 dólares para no ir preso, pero deberá enfrentar la continuidad de cuatro juicios y la posibilidad de cumplir cinco años de prisión efectiva.
El Juez Elvio Osir Garzón rechazó este jueves el acuerdo de juicio abreviado que promovió el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Allende, ex Diputado provincial, quien admitió los delitos de los que se le acusó, aunque no consiguió su propósito de evitar la consecución de los juicios y evitar la cárcel a cambio del pago mencionado.
"¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?", preguntó el magistrado. "Sí, señor Juez", respondió el sindicalista, quien tiene un patrimonio estimado en 4,5 millones de dólares.
Además afronta acusaciones por coacciones contra el periodista Martín Carboni y por amenazas contra la Ministra de Salud, Sonia Velázquez.
Según la investigación, Allende logró su fortuna a través de su vínculo con la política y su "estrecha" relación con los diferentes Gobernadores entrerrianos.
Allende quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y en el marco del acuerdo con la Fiscalía se prevé que devuelva 3 millones de pesos en efectivos y dos inmuebles: una casa ubicada en el Parque Urquiza, con vista al Río Paraná, valuada en 720.922 dólares; y otra de 378.289 dólares.
El acuerdo presentado ante la Fiscalía -finalmente desestimado por el Juez- incluía un beneficio para el gremialista para evitar ir a prisión, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses.
No sólo Allende iba a ser beneficiado en la causa, sino también quedarían sobreseídos sus hijos, Julio, Victoria y Carolina; su actual esposa, Adriana Satler; y su ex, Diana Traverso. Todos ellos están involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y, salvo Traverso, habían sido ubicados por el sindicalista en distintas reparticiones del Estado.
Además, el dirigente peronista, quien está acusado públicamente por hostigamientos, desde la década del 90 es uno de los dirigentes más relevantes del poder político entrerriano y con su confesión puso en aprietos a los últimos mandatarios de la provincia, ya que desde finales de los '90 fue un actor importante en la legislatura.
En 1999 en el bloque del PJ en Diputados, representaba a la oposición legislativa a la gestión del ex Gobernador Sergio Montiel (UCR). Siendo reelecto en los sucesivos períodos 2003-2007 (con Jorge Busti de Gobernador); 2007-2011, en la lista de Sergio Urribarri y desde 2011 acompañando el proyecto kirchnerista.
Fue crítico del gobierno nacional durante el conflicto con el campo en 2008 aunque decidió trabajar para Urribarri cuando Busti jugó por fuera del PJ y fundó el Frente entrerriano federal (FEF). En las elecciones de 2011 logró renovar su banca en la Cámara de Diputados, cargo que ejerció hasta 2019, tras haber sido reelecto en 2015.
