CONFLICTO DOCENTE | El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Jorge Kerz, pidió un dictamen a la Fiscalía de Estado que le permita contar con un aval legal para aplicar descuentos de haberes a los docentes que adhirieron este mes a los cuatro días de huelga. "Los docentes tienen derecho a la huelga, y es constitucional ese derecho. Pero es un derecho sectorial. Si uno lo respeta y no los persigue, no declara abandono de trabajo por adherirse al paro, está todo bien. Pero reconocer el derecho de huelga no implica la obligación de pagar por ese día. Si no se paga el día no trabajado, no se está desconociendo el derecho de huelga”, dijo Kerz.
Declarado el conflicto entre el Gobierno y los docentes a raíz de la disconformidad sindical con la oferta salarial anunciada —los maestros piden un 12 por ciento, y el Poder Ejecutivo ofertó poco menos del 10 por ciento—, las escuelas ya estuvieron paralizadas durante cuatro días y antes de que termine noviembre habrá inactividad otros cuatro días más, lo cual entorpece seriamente la última fase del ciclo lectivo 2007, que concluye el próximo 7 de diciembre. Por estos días, las escuelas están en período de exámenes y en breve se abrirán las mesas examinadoras finales.
En ese marco, el CGE le pidió al juez laboral Carlos Calvo, el mismo que dictó la conciliación obligatoria en el conflicto docente, que resuelva si el paro del 1º del actual cumplió los requisitos legales o no, aunque ahora la discusión no se centra sólo en esa jornada sino en los ocho paros dispuestos por los docentes para este mes. Aunque para eso Kerz pretende contar con un respaldo legal. “Lo que hice fue pedir que la Fiscalía me dé indicaciones de cómo obrar. Yo quiero resolver este conflicto, quiero que estén las escuelas funcionando, que se dé el aumento, que se dé también el aumento de 100 pesos de fin de año. La voluntad mía es pagar los 100 pesos. Quiero firmar un acuerdo. Quiero seguir trabajando en la recomposición salarial. Yo no aprieto a nadie”, aseguró el funcionario.
Pero de inmediato se quejó de que “en el gremio no tengo interlocutores. No sé con quién hablar. No sé quién tiene la palabra”, aunque se mostró dispuesto a sentarse a dialogar. “Si se garantiza el ciclo lectivo, hacemos borrón y cuenta nueva, pero de lo contrario algún límite hay que ponerle a este conflicto”.
El titular del CGE también aludió a la carta documento que ayer le envió AGMER en la que se quejó de la “profusa campaña intimidatoria” y de los anuncios de “represalias”, actitudes que el sindicato tildó de “arbitrarias” y que “colisionan con toda la normativa al querer involucrar al personal directivo para que envíen las nóminas de docentes que adhieren al paro”. La entidad sostuvo que “con dichos procedimientos se concreta una práctica desleal en los términos previstos en la ley 23.551”, que regula las asociaciones sindicales.
Al respecto, Kerz rechazó ese reclamo, y para eso apeló a una serie de reglamentación de gestiones anteriores, y citó, a modo de ejemplo, un dictamen del ex fiscal de Estado Idelfonso Esnal, y también los términos de la resolución 300 del año 1997 del Consejo General de Educación, normas que imponen al director de escuela la obligación de informar sobre novedades respecto del personal docente en cuanto a inasistencias.
“Acá no hay aprietes. No están en ningún lado. Sólo se les pidió a los directivos que informen novedades. Eso está en el Estatuto Docente incluso. Con esa información que envíen, después se verá qué se hace y para qué se la utiliza. Pero llegamos a un punto en que también hay que analizar si hay que cumplir la ley o no, y yo pienso cumplir con la ley. Está no sólo el derecho de los docentes a adoptar un paro, sino también está el derecho de los padres a mandar a sus hijos a la escuela, y el derecho de los chicos a recibir educación”, afirmó.
Aunque la decisión, aseveró, la adoptará una vez que cuente en sus manos con el dictamen de Fiscalía de Estado que fue solicitado en forma “urgente”.
