| La formal convocatoria a la consulta popular por la reforma constitucional, que se pretende realizar en conjunto con las elecciones del 23 de octubre, se concretará recién en junio. El 26 o 27 de ese mes saldrá el decreto de convocatoria que definirá la modalidad en la que se pedirá al electorado una opinión por Sí o por el No a la reforma.
El decreto del Poder Ejecutivo se emitirá recién en junio porque la legislación así lo dispone: dentro de los 120 días antes del acto electoral. Según explicó ayer el ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, se lo hará no bien el plazo legal lo habilite, para “dar tiempo a que puedan hacerse todas las objeciones que se consideren convenientes”.
Además de algunos planteos aislados que desde la oposición surgieron, hasta ahora sólo de modo verbal, y que pusieron en tela de juicio la constitucionalidad de la herramienta de consulta popular que adoptó Entre Ríos, la consulta convocada para el 23 de octubre debe sortear otra prueba legal: su simultaneidad con las elecciones de diputados nacionales que se realizan ese mismo día.
Una vez que el decreto de convocatoria a consulta vea la luz, la Cámara Nacional Electoral deberá resolver sobre su viabilidad legal. Hay un antecedente en contra, el de 1997, cuando la Cámara rechazó una idéntica pretensión del gobierno provincial. En pocas palabras, el fallo de entonces giró en torno a que la ley de simultaneidad (la que permite hacer las elecciones provinciales junto a las nacionales) rige para actos electorales, pero no para un acto electoral y una consulta, que no es una elección.
Lo que intenta hacer el Gobierno de aquí hasta junio es revertir ese argumento, para modificar el criterio que sentó la misma Cámara en 1997, de modo que esta vez haga lugar a la simultaneidad de una elección de diputados nacionales con una consulta popular. La Cámara debería evaluar si ahora aparecen variantes nuevas que cambien las circunstancias de ocho años atrás.
Consultado por El Diario, Urribarri consideró ayer que las dificultades de 1997 “están subsanadas”, porque “la consulta es obligatoria, igual que las elecciones de diputados nacionales”, serían, a su juicio, “de la misma naturaleza”.
Así las cosas, la obligatoriedad del voto para la consulta estaría solucionando —a criterio del Gobierno— los problemas de la simultaneidad. Pero es justamente en el carácter de consulta no vinculante pero de voto obligatorio en donde se centran las objeciones jurídicas que se hicieron públicas en torno a esta herramienta, centralmente por no observar el artículo 40 de la Constitución Nacional que es el que incorpora el instituto de la Consulta.
Aunque la modalidad de la consulta quedará establecida recién en junio, con el decreto de convocatoria, Urribarri entendió que es posible votar por diputados nacionales y por Sí o No a la reforma en una misma mesa y en una misma urna.
Contra lo que se venía estimando hasta ahora, el ministro de Gobierno dijo que “es posible votar en una misma urna”, porque esto “no es un impedimento” y “no fue lo que se objetó por la Cámara en la anterior oportunidad” de 1997. “Meter en la misma urna los dos votos es una de las posibilidades que el Gobierno evaluó. En las elecciones de Estados Unidos no hubo urnas separadas para las distintas consultas que se efectuaron en forma simultánea”, comparó.
Mientras estos detalles se resuelven, el Gobierno está diseñando “una campaña de difusión importante, seria, responsable y objetiva sobre las bondades de la necesidad de la reforma”. El objetivo sigue siendo el mismo: acumular respaldo de la población para que —con un amplio Sí a la reforma mediante— los diputados de la oposición cambien de opinión y den sus votos para los dos tercios que requiere una ley que declare la necesidad de la reforma constitucional.
“Si verdaderamente los legisladores son la expresión cabal de la ciudadanía entrerriana, tomarán la definición de la ciudadanía como una decisión institucional cuando tengan que votar la ley de necesidad de la reforma. Todo apunta a la responsabilidad de los legisladores”, resaltó Urribarri.
En igual sentido, el presidente del bloque de diputados del PJ, Emilio Castrillón, señaló que “si nos consideramos representantes del pueblo debemos escucharlo, si no lo escuchamos, no lo representamos”. El legislador aseguró que “hasta el 9 de diciembre de 2007 vamos a intentar sancionar esta ley, porque somos reformistas en serio”. Fuente: APF
