La Convención aprobó ayer el capítulo sobre el me

La Convención Constituyente dio sanción ayer con mayorías amplias a los artículos que compondrán el capítulo sobre medio ambiente de la nueva Constitución de Entre Ríos. Lo hizo durante una de las sesiones más prolongadas -arrancó a las 9 y terminó pasadas las 18- y luego de haber considerado en comisión 63 iniciativas al respecto. El texto aprobado consagra el derecho “a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano” de todos los entrerrianos “donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Para ello el Estado provincial fijará la política ambiental y garantizará la aplicación “de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad, correspondiendo a los municipios dictar las normas pertinentes de acuerdo a sus competencias”. En resguardo de la integridad ambiental el articulado promueve “el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la utilización de las prácticas disponibles más avanzadas y seguras”, además de la creación de un Ente de Ambiente y Desarrollo Sustentable que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. En otra parte se indica como uno de los instrumentos de la política ambiental del Estado “la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos ambientales y la educación ambiental en todos los niveles y modalidades de enseñanza, atendiendo principalmente a las culturas locales”. Asimismo se señala que los recursos naturales existentes en el territorio provincial “corresponden al dominio originario del estado entrerriano, que ejerce el control y potestad sobre los mismos a los fines de la preservación, conservación y defensa...”. En ese sentido, la Provincia reivindica “su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales provinciales de dominio originario”. También se propicia la creación de áreas protegidas y se consagra como “un derecho humano fundamental e inalienable” el acceso al agua saludable, potable y su saneamiento. Por esta razón el servicio público de suministro de agua potable “no podrá ser privatizado, a excepción de las cooperativas y consorcios vecinales que son prestadores del servicio en forma individual o conjunta con el Estado Provincial; los municipios en forma individual o conjunta; los entes estatales autárquicos y descentralizados; las empresas y sociedades del estado; los que deberán dar participación necesaria en la gestión a los usuarios”. También se deja en manos del Estado “la gestión sustentable de los bosques nativos y las selvas ribereñas del territorio provincial...” además de consignar su deber de garantizar su preservación “fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica y preservación de las especies autóctonas”. En otro tramo se garantiza el “aprovechamiento racional para el adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica” del suelo, correspondiéndole al Estado “la preservación y recuperación del suelo, procurar evitar la pérdida de fertilidad, su degradación y erosión, y regular el empleo de las tecnologías de aplicación”. Finalmente se señala que la Provincia promoverá la unidad económica productiva mediante leyes “que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por los residentes de la provincia” para lo cual se dictará legislación provincial y municipal que “desalentará la especulación y la existencia de latifundios” al igual que el uso de la tierra “en grandes superficies continuas o discontinuas” mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas y otras políticas activas. Fuente: diario Uno.