La Convención aprobó la creación del Consejo de l

Miguel Carlín, titular de la comisión de Poderes -donde se originaron los cinco despachos que llegaron al plenario- ofició de miembro informante defendiendo la iniciativa mayoritaria. Luego de esta exposición, hubo tiempo para que por espacio de cuatro horas las demás bancadas sentaran posturas. Sin embargo, ninguna de las objeciones hechas fueron receptadas por el justicialismo, que se mantuvo firme e impuso su número. El texto que finalmente se aprobó contiene, en rigor, modificaciones parciales a artículos referidos a atribuciones del Senado y el Ejecutivo (contenidos en los artículos 1 a 4) al tiempo que incorpora en el quinto artículo la nueva entidad. El Consejo de la Magistratura queda perfilado como un órgano que será “asesor permanente” del Ejecutivo para proponerle en forma “exclusiva y excluyente” ternas para la designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En su composición, deberá guardarse equilibrio entre los representantes del Ejecutivo, de los abogados, de los magistrados, de los académicos, de los empleados del Judicial y de las organizaciones sociales. El Consejo elevará una terna al Ejecutivo, que seleccionará de allí a uno y remitirá su pliego al Senado para obtener acuerdo. Intervendrá, además, en la selección de los jueces de paz. Esta organización sigue el lineamiento del actual Consejo, creado por el decreto 39 del 2003 como una autorregulación del Ejecutivo. Incluso en su intervención, la convencional justicialista Rosario Romero hizo hincapié en esto y resaltó que el modelo que se reafirma “no es perfecto, pero hasta ahora es el mejor”. En el mismo sentido, el presidente de la Convención, Jorge Busti, sostuvo cuando bajó a su banca: “Dio resultado y es bueno constitucionalizarlo”, luego de sostener que el decreto 39 produjo un cambio “revolucionario” en Entre Ríos. “Es un salto (institucional) tremendo. Y lo estamos haciendo ‘a la entrerriana’, acumulando las experiencias”, remató. En su informe inicial, Carlín había manifestado que no es preciso “cambiar lo que anda bien” y que tampoco es necesario “hacer pruebas”. Cabe destacar que el Consejo creado por decreto permanecerá vigente hasta tanto la Legislatura sancione la ley reglamentaria de la nueva institución. Los cuatro bloques minoritarios presentaron despachos en minoría. En las intervenciones, las distintas bancadas cargaron contra ciertas restricciones que tendrá el Consejo, como por ejemplo no intervenir en el nombramiento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que seguirá siendo una facultad del Ejecutivo, con el acuerdo del Senado. En esto cargaron las tintas los socialistas Emiliano Acharta y Santiago Reggiardo, quien mencionó que así “quedamos rengos”. Otro punto donde hubo divergencias acentuadas es sobre el peso que tendrán las decisiones del Consejo de la Magistratura. El radicalismo y Viva Entre Ríos (VER) pretendían obviar el paso por el Ejecutivo y que el ganador del concurso público pase directamente al Senado para su nombramiento. Con esto se buscaba “eliminar la facultad discrecional del Ejecutivo”, sostuvo el radical Juan Carlos Arralde, mientras que Hermo Pesuto, (VER) sostuvo que este es el reclamo social. En línea con esto, el presidente del bloque radical, Fabián Rogel, cuestionó el mantenimiento de éste y otros aspectos del decreto 39, aseverando que el oficialismo se había “enamorado” del sistema que se había creado en 2003. De la misma manera, se preguntó: “Si la Constitución del ’33 nos dio tantas alegrías ¿Por qué cambiarla?”. Pero el que descargó las andanadas más fuertes fue Augusto Alasino (VER), quien apuntó, citando antecedentes de otras constituciones, que en ninguna parte el Consejo de la Magistratura está en la órbita del Ejecutivo (como ocurrirá en Entre Ríos), sino en el Judicial y que no es un organismo asesor, cualidad que puede llevar a la judicialización de sus decisiones. Tras mencionar que el esquema que se consolida tiene como antecedente el mismo dibujo del creado por Carlos Menem en 1989 (“en la entreguista década del ’90; lo digo yo antes de que me lo digan”, acotó), sentenció que el instituto que se crea “queda atrás, no es lo que se espera”. A la hora de la votación, había 43 convencionales en sus bancas, dada la ausencia de Nelio Calza y Américo Schvartzman, el primero por ser diputado nacional y estar abocado al debate de las retenciones móviles y el segundo por asistir a un evento fuera del país. El justicialismo debió recurrir por primera vez a su mayoría reglamentaria y obtuvo la sanción general del proyecto por apenas un voto, el que dio al final Busti, dejando la votación con 22 afirmativos y 21 negativos. En algunos pasajes de la votación en particular, el oficialismo contó con el apoyo de Alasino y Pesuto, que se mantuvieron firmes en la negativa al artículo 5º. La ausencia de Schvartzman, que integra el bloque de la Coalición Cívica/Partido Socialista presidido por Reggiardo, salvó una situación complicada para el oficialismo. Con Calza obligado a ocupar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación (se tratan hoy las retenciones móviles), el justicialismo quedaba con la misma cantidad de convencionales que la oposición en su conjunto, que rechazaba la iniciativa mayoritaria. La posibilidad de que se dé un empate en una votación no tiene prevista una salida en el reglamento de la Convención, pero hubiera obligado a un rechazo del proyecto del justicialismo y a tener que someter a votación alguno de los de minoría. Pero no se llegó a esto por la ausencia del socialista. Al arrancar la sesión se aclaró que la votación del revocatorio de mandato resultó aprobada por 40 votos a favor y dos en contra, haciendo desaparecer al ‘convencional fantasma’ que elevó a 41 la cuenta que hizo ayer el secretario de la Convención, José Reviriego. Fuente: APF.