La Convención Constituyente aprobó la creación de

Quince años después de la privatización del entonces Banco de Entre Ríos -en plena gestión de Mario Moine y Domingo Cavallo como ministro de Economía de la Nación, quien había diagramado un plan de ese tipo para las bancas provinciales, la Convención Constituyente aprobó un despacho de la Comisión de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable que prevé la recuperación de un banco de la provincia que se constituya en herramienta para el desarrollo económico y social de Entre Ríos. La cláusula prevé que la entidad actúe como agente financiero, que integre en su conducción a sectores de la producción, de la sociedad civil y de los trabajadores bancarios. Además, contempla la posibilidad de incorporar capital privado, aunque reserva al Estado, necesariamente, la mayoría accionaria a la vez que se prohíbe su privatización. En las exposiciones que se dieron en el recinto, se repasó la larga historia del Banco de Entre Ríos, desde 1851 a la fecha. El convencional del oficialismo, Gustavo Díaz, miembro informante de la comisión, se rescató el rol que cumplió en el desarrollo económico para luego fustigar, duramente, la “ola neoliberal arrasadora y concentradora del capital” que terminó con la privatización en la década del ’90, informó Página Política. Díaz defendió la convicción de los firmantes del despacho de “retomar una herramienta financiera indispensable en la política económica y social del Estado” que aporte a la “producción agrícola, industrial, comercial y de servicios para un mejor desarrollo y bienestar de los entrerrianos”. Luego, repasó los inicios del banco, que tiene fechas claves en su constitución formal en 1851, 1864, 1909 (con el primer banco agrícola regional), y en 1933, “cuando se funda el Banco de Entre Ríos con una previsora mirada de fomento, promoción y facilitación del crédito a la diversificada actividad económica del tiempo”, repasó. Puso de relieve que “no les tembló la mano a los legisladores que, con fuerza y mirada hacia el futuro, fundaron esta institución que alcanzó gran prestigio e integró los intereses agrarios con los proyectos políticos”. Fustigó duramente, luego, la privatización, en 1993 y el devenir de la empresa que incluyó que “el Credit Agricole tirara las llaves en el Banco Central” del Bersa en el medio de la crisis de 2001 y 2002. En este marco, enfatizó: “Si en 1993 hubiésemos tenido una cláusula como la que tenemos en consideración, muchas penurias nos hubiésemos ahorrado”. Finalmente, tras defender la necesidad de que el Estado recupere esta herramienta, Díaz citó a Arturo Jauretche: “La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos”. El radical Juan Arralde defendió la redacción propuesta y llamó a recuperar “una de las instituciones más emblemáticas de la entrerrianía” que, con su privatización, se narró “un poco la historia de la tragedia de los entrerrianos en los aspectos que nos han hecho perder autonomía”. No obvió el llamado a “que la dirigencia política se haga cargo de los errores, de sus desaciertos, de las presiones quizá, pero hay decisiones políticas que tienen que ver con la historia que nos ha tocado vivir”. “Hablo de todas las fuerzas políticas que han gobernador”, aclaró Arralde que, luego, cuestionó al partido de gobierno: “El banco fue privatizado en 1993 cuando los aires neoliberales recorrían la Argentina y casi todos los valores se sacrificaban en el altar de la convertibilidad”. “Fue un gobierno radical el que tuvo, en 1933, la mirada previsora de fundar el banco, justo cuando se modificaba la Constitución”, destacó para, luego, convocar: “No podemos abandonar las utopías que hicieron posible la Entre Ríos próspera”. Por la bancada de la Coalición Cívica-Partido Socialista, Américo Schvartzman añadió a las críticas que, en la década de los ’90, “se contaban con los dedos de una mano los dirigentes de partido de gobierno que criticaban la privatización”. “Hoy felizmente consideran que fue un error, que se desmanteló el ahorro popular”, continuó. “Compartimos que es necesario retomar esta herramienta financiera al servicio de la actividad agrícola, comercial, industrial y de servicios y que además coadyuve a otros objetivos: que colabore con la búsqueda de la equidad, con el freno a la expulsión de la población rural, que cumpla un rol trascendente en el acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda”, imaginó el convencional. El presidente de la Convención y ex gobernador, Jorge Busti, tomó la palabra para dar cuenta de sus gestiones, cuando el Credit Agricole abandona la empresa en 2002, a fin de lograr que el paraguas del Banco Nación permitiera sostener la actividad y las fuentes de trabajo del banco. También explicitó las negociaciones que derivaron, en su tercera gestión, en la explotación por parte del Grupo Petersen de lo que es hoy el banco como agente financiero. Aludió también al contexto de la privatización y a sus motivos. Criticó duramente la política que se dio entre 1983 y 1987 (gestión de Sergio Montiel) cuando “se concentró la cartera del banco en diez empresas, en proyectos faraónicos como el Frigorífico Santa Elena o la Alcoholera Soler”. Dijo que, en su primer mandato (1987 - 1991) la situación del banco obligó a que actúe, permanentemente, un veedor del Banco Central. “Luego vino la Gobernación de Mario Moine. Se habla del neoliberalismo pero ellos también fueron gobierno, en el 2001 y 2002”, contestó Busti que aseguró que el banco “tenía entonces fuertes compromisos y perdía muchísima plata. Fue una necesidad de Moine la privatización”, opinó. Con relación al dictamen en consideración, advirtió: “Es bueno poner la cláusula que regirá para el futuro porque hay compromisos asumidos por la provincia”. Luego llamó a la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, evitar la emisión de bonos, o evitar la incursión del Estado en empresas “faraónicas”, condiciones para que sea posible recuperar el banco. En contra del dictamen votaron los convencionales Flavia Pasqualini (Viva Entre Ríos) y Martín Acevedo Miño (Recrear). Pasqualini cuestionó que se encorsete a la provincia en “una única forma jurídica” como es un banco cuando “la ley prevé otras formas como las cajas de crédito”. Consideró que el dictamen “descarta las formas mixtas de financiamiento como las cooperativas con participación del Estado” y observó “inconsistencias en la redacción”. Acevedo Miño, por su parte, consideró que los objetivos trazados en el dictamen constituyen “políticas de gobierno” que no debieran plasmarse en la Constitución por cuanto serían “criterios muy variables en el tiempo”. [b]El dictamen[/b] El texto, en el Régimen Económico y del Trabajo de la Constitución, se leerá así: “El estado creará un Banco de la Provincia, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de sus sectores productivos, canalizando el ahorro público y privado, con una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con un sentido de justicia social”. “Será un banco oficial del estado y su agente financiero, como así también de los municipios y entes autárquicos y descentralizados. Su carta orgánica se establecerá por ley, que fijará su estructura administrativa, organizativa y funcional, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, sociales y sus trabajadores”. “El estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer su privatización”. Fuente: Análisis Digital.