La Convención dio rango constitucional a la defensa de la democ

Sobre nueve proyectos vinculados con la defensa de la democracia, los convencionales aprobaron que quienes se hayan desempeñado en gobiernos de facto no podrán ocupar cargos públicos en ningún estamento estatal provincial o municipal en perpetuidad como aquellos que hayan participado en delitos de lesa humanidad. La convencional Celeste Pérez (PJ) explicó en el debate que el despacho alcanzado "quiere defender el sistema que nos cobija". Por su parte, Fabián Rogel (UCR) y Américo Schvartzman (PS) también respaldaron el texto y bregaron por no tener que usar jamás esta defensa. A su turno, Marciano Martínez (VER) reavivó su pasado como ministro de Educación de un gobierno de facto y también, luego de esa función, los que ocupó en la democracia. "No podemos hablar de Estado de derecho si creamos normas retroactivas", advirtió, al tiempo que dijo que con el dictamen él podría ser candidato "a Presidente de la Nación, pero no a una concejalía", y aunque aclaró que no lo perjudica en lo personal por su edad y porque no milita en un partido político, entendió que no se puede inhabilitar a una persona sino tiene condena penal. No obstante, Nelio Calza (FJpV) opinó que con esta sanción se logra estar en consonancia con la Constitución Nacional y que Entre Ríos "estará a la vanguardia de lo que muchos pueblos exigen". En el mismo sentido se pronunció Martín Acevedo Miño (Recrear), mientras Luis Brasesco (UCR) recordó a su amigo personal, el padre Mujica, quien exigía "conductas en vez de declaraciones". Y luego de repasar episodios de su vida y pintadas ofensivas en su domicilio propuso en el recinto: "Tenemos que profundizar el proceso democrático. La derecha infernal nunca va a cesar de estar mirando cuándo puede largar su zarpazo, los que queremos la democracia vivimos peleándonos, nos queremos poco, tenemos que empezar, para querernos más a aprender a escuchar y comprendernos", y su cierre fue acompañado por espontáneos aplausos del pleno. Antes de votarlo, los convencionales rechazaron la moción de Martínez que pretendía poner en tiempo presente el despacho, y se aprobó por unanimidad.