LA CTA TAMBIÉN IMPUGNÓ LA CANDIDATURA DE CASTRILLÓ

“La presencia de los trabajadores organizados (C.T.A.) y de la sociedad civil a través de diversas instituciones que la representan, impugnando iniciativas como la que está a consideración de los señores Senadores, no puede ni debe ser soslayada a la hora de decidir la aceptación o rechazo del pliego elevado por el Sr. Gobernador postulando al Diputado Emilio Castrillón al máximo cargo que puede aspirar un funcionario del Poder Judicial de nuestra Provincia”, indica la presentación elevada ayer al mediodía. De esta manera, la CTA se suma al rechazo que ya expresara la Asociación de Magistrados de Entre Ríos (con respaldo de la Asociación nacional de jueces, expresada con nota remitida a Senadores y en conjunto con la Asamblea de la Sociedad Civil en el Consejo de la Magistratura), el Colegio de Abogados de Entre Ríos, la delegación Paraná del Colegio de Abogados, la Asociación de Entidades de Profesionales Universitarios de Entre Ríos (Aepuer) y una particular de la ciudad de La Central plantea además, que “consentir y prestar acuerdo para el nombramiento propuesto significaría avalar, lisa y llanamente un ataque a la independencia de la Justicia”, por lo que solicita a los legisladores responsables de la evaluación de la calidad del postulado “examinar sus antecedentes públicos y privados con la mayor rigurosidad y evaluar a conciencia si tales antecedentes hacen mérito de la idoneidad que la Constitución exige para la función que se propone ejerza”. Continúa diciendo que “más allá de la pertenencia política de los señores Senadores y del compromiso que cada uno tenga frente al partido gobernante es preciso, por el bien de nuestra Provincia y de nuestra sociedad, que, en el caso, el veredicto final al que arriben sea fiel reflejo de la voluntad política expresa de dejar a resguardo la imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica inmanentes al servicio público de Justicia. De ser así -añade la CTA-- seguramente concluirán en la procedencia y justeza de nuestra impugnación y la única decisión posible que cabría es la de no prestar acuerdo a la designación del Diputado Emilio Castrillón como Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos”. La organización gremial acreditó en su presentación la “falta de idoneidad demostrada por el postulado en el ejercicio de la función pública de Diputado Provincial, durante los períodos Legislativos años 2004, 2005 y 2006” con extracto textual de versiones taquigráficas de sesiones de la Cámara de Diputados. En este sentido, destacaron “total y absoluta verticalidad, funcionalidad y operatividad respecto de la voluntad individual del actual Gobernador de la Provincia aún cuando aquella se traduzca en normas que atacan la Constitución”, además de “sectarismo y falta de condiciones para concertar o conciliar intereses legítimos distintos al propio”. También consideraron que Castrillón incurre en “falta de respeto por sus pares. Manifestaciones chabacanas, referencias discriminatorias de género, ataque a la integridad de las personas integrantes de otras expresiones políticas, violencia verbal y desequilibrio emocional frente a situaciones adversas a su particular interés”, y mantiene “relativismo moral en sus expresiones respecto de la lucha contra la corrupción, los partidos políticos no oficialistas, las instituciones republicanas, la propia Justicia que pretende integrar, el periodismo independiente y el Consejo de la Magistratura”. Asimismo, dejaron sentado que el postulante del Ejecutivo incurre en “falta de respeto a la Constitución y a la H. Cámara de Diputados, reflejada en sus permanentes mociones de cierre del debate cuando se tratan en sesión ordinaria o extraordinaria proyectos de reformas sustanciales para las instituciones de la Provincia. Debido a su intervención y en tanto máxima autoridad de su Bloque, los proyectos se votan únicamente en general. El mocionado cierre del debate -que es acompañado por la bancada oficialista- logra impedir el tratamiento en particular de los artículos reformados o derogados”, agrega el documento. “Esta conducta reiterada del Diputado Castrillón es violatoria del reglamento de la Cámara y atenta contra el ejercicio democrático del debate serio, responsable y plural que da fundamento a la existencia misma del Poder Legislativo en un Estado de Derecho”, apunta la CTA. Por último pusieron a consideración “como otro aspecto de su falta de idoneidad” la “escasa labor legislativa propia que ha desplegado el Diputado Castrillón, demostrativas de su desinterés por el ejercicio cabal del cargo público que ostenta que ha limitado, casi exclusivamente, a la defensa de los proyectos elevados a la Cámara por el Poder Ejecutivo”. Fuente: APF.