| A la espera de la audiencia pública del 21 de diciembre que, todo indica, renovaría la concesión de ALL en los ferrocarriles de la región, la secretaria General CTA Concordia, Gladys Tribulatti, y el Congresal de APDFA, Ángel Enrique Pared, fustigaron duramente a la empresa. Los dirigentes ven a dicha audiencia “como un engaño mas en la formalidad del saqueo al patrimonio publico” por entender que la firma ALL Concesionaria “reúne varias causales de rescisión del contrato producto de los significativos apartamientos a sus obligaciones”. Asimismo, dan un pantallazo sobre “la continuidad de las concesiones ferroviarias”, las cuales “se renuevan al mejor estilo de la nefasta década de los años noventa”.
Tribulatti y Pared subrayan que “resulta inexcusable que las autoridades responsables no admitan que el régimen de adjudicaciones del servicio es un fracaso absoluto y total, que las obligaciones contractuales nuevamente comprometidas serán sistemáticamente incumplidas y que los subsidios seguirán engrosando las ganancias empresarias”.
Asimismo remarcan la ausencia de una política que apunte a torcer este rumbo. “No existen intenciones de producir ese cambio, por el contrario, por una disposición reciente se aumenta en 185 millones los subsidios a los concesionarios, de manera que, de no mediar nuevos aumentos del presupuesto de 590 millones para el año 2006, ahora, llega a 775 millones que implican, 2.100.000 pesos diarios que pasan a las arcas de los concesionarios”.
“Pero la continuidad de los subsidios -añaden- también abarca el presupuesto 2007 en el cual llegara a 974 millones y, si se repite lo del presente año, es posible qué superen los 1.000 millones, es decir 2.700.000 pesos diarios en el déficit ferroviario con la gravedad de que no existe un sistema ferroviario que sirva al interés nacional en el transporte de la producción, comercialización y el beneficio social como servicio publico esencial”.
[b]“ALL reúne varias causales de rescisión del Contrato”[/b]En este marco los dirigentes rememoraron las distintas instancias que evidenciaron las falencias de la empresa ALL. “como el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, que en Junio de 2005 impulso una acción judicial contra las empresas concesionarias de trenes y el Estado Nacional ‘por los graves incumplimientos que violan de manera sistemática los derechos humanos de los usuarios’, y en el mes de Agosto de este año, volvió a presentar nuevas pruebas exigiendo ‘urgente resolución’ de la justicia ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos”.
Asimismo remarcaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con fecha de setiembre 2005 ha calificado a la empresa América Latina Logística como “la que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad” en una línea que, junto con ALL Central integra el trayecto bioceánico del país.
Por otra parte, rememoraron que “la Auditoria General de la Nación ha entregado un documento con fecha reciente (Agosto 2006) en el que se destaca que la firma ALL Concesionaria “reúne varias causales de rescisión del Contrato producto de los significativos apartamientos a sus obligaciones”, y en su descripción menciona innumerables deficiencias como los rieles sobre durmientes viejos y quebrados, locomotoras y vagones sin la menor reparación, deudas con el Estado por mas de 100 millones de pesos, el tren de pasajeros funciona con grandes deficiencias, y en algunos tramos directamente no funciona, el tren de cargas no opera en Entre Ríos, sino que cumple servicio desde Brasil a Chile y origina descarrilamientos como ningún otro lugar donde operan líneas y siguen los incumplimientos señalando que los mismos se verifican además de la línea Mesopotámica (ex línea Urquiza) también en ALL Central (ex línea San Martín)”.
Por último Tribulatti y Pared remarcaron que “pese a todas estas atrocidades en el servicio público ferroviario haciendo caso omiso a la petición por legisladores, la Secretaria de Transporte de la Nación ha firmado la ‘Carta de Entendimiento’ con América Latina Logística S.A. (ALL) y, el 21/12/2006 realizaran la audiencia publica en Rincón de Milberg, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, como un engaño mas en la formalidad del saqueo al patrimonio publico, en cumplimiento del modelo neoliberal que en materia de ferrocarriles se origino en el Decreto Plan N° 666/89”.
Fuente: Diario Junio.
