| La Fiscal de Estado de la Provincia, Claudia Mizawak, cuestionó la redacción y la técnica legislativa del proyecto de emisión de 200 millones de pesos que impulsa el Ministerio de Economía por la falta de claridad.
La Fiscal de Estado de la Provincia, Claudia Mizawak, cuestionó la redacción y la técnica legislativa del proyecto de emisión de 200 millones de pesos que impulsa el Ministerio de Economía por la falta de claridad. Adelantó que les sugerirá varias modificaciones a los Senadores que la están analizando.Sólo un 10% de la emisión total de los bonos correspondería a juicios y honorarios.
La Fiscal recordó que la iniciativa “nace del Ministerio de Economía”, y que luego de pasar por el Ejecutivo y la Secretaría Legal y Técnica, tomó estado parlamentario a través del Senado. De la Cámara Alta “nos llaman para que emitamos opinión. No quiero adelantar mucho, porque la vamos a remitir por escrito durante la semana que viene”, comentó.
“En general, considero que la técnica legislativa de este proyecto no es buena, es deficiente, pero se puede mejorar. En algún momento habla de bonos, en otra de títulos”, sostuvo.
Mizawak enfatizó sin embargo que “el Ministerio de Economía consultó este proyecto con Economía de la Nación” que le habría dado el visto bueno ya que por el programa de financiamiento ordenado y la ley de Responsabilidad Fiscal “no podemos sacar una ley de estas características sin conocimiento y consentimiento de la Nación”.
“La autorización es por emitir hasta 200 millones de pesos, lo que no significa llegar hasta esa cifra, a lo mejor son sólo 50 millones”, aclaró, consignando que tal vez, según se desprende de diálogos informales que mantuvo con Valiero, la primera cifra fue proyectada “teniendo en cuenta los juicios de los empleados de Vialidad”, aunque manifestó que estas causas “suman más de 200 millones”.
“Lo que puedo establecer con precisión es que el monto de los 200 millones está estimado en base a distintos rubros, uno de los cuales es cuentas judiciales, que es el por cual informamos al Senado”, aseveró.
Esta deuda, derivada de los juicios contra el Estado, está compuesta por capital (la demanda en sí) y los gastos de los juicios (honorarios, tasa judicial, etc.) “lo que suma presupuestado en el 2005 deudas por $ 20 millones”, expresó. “En 2004 - recordó - lo presupuestado no alcanzó y hubo que pedir un refuerzo de 18 millones”.
“Pero además el proyecto contempla deudas provisionales, cuyo monto debería informar la Caja de Jubilaciones y con contratistas y proveedores del Estado, que es responsabilidad de Economía”, añadió.
Con respecto al artículo 14 de la iniciativa, que da facultades al Ejecutivo para afrontar no solo las deudas anteriores al 31 de diciembre de 2003, juzgó que “no es clara la redacción. Prefiero no opinar, porque quiero hablar con los senadores primero”.
Dos artículos del proyecto que está en tratamiento en Senadores son recomendaciones de la Administración Central: “una, es el plazo de 16 años, incluso pretendían un lapso más largo y otra, que no comparto del todo, es que estos títulos no puedan servir para cancelar impuestos”,afirmó Mizawak.
“Sugerí que para que este proyecto de ley sea tentador tiene que servir para abonar tributos. Pero la Nación no quiere porque sostiene que así las provincias pueden camuflar, y hacer una compensación de créditos, y no sería tan prolijo como debiera”, acotó.
Además, consideró que esta ley es necesaria, pero estimó que “no la aconsejaría para deudas previsionales” y que los títulos sirvan para cancelar impuestos y que ocurra como en la Nación, donde los honorarios de los abogados en los juicios no se pagan en efectivo, sino en títulos”.
Sobre este particular, que generó la queja del Colegio de Abogados, la Fiscal resaltó que en el fuero Federal “no se paga ni un solo juicio en efectivo, sino en bonos de consolidación” y se preguntó por qué las quejas no se dirigen a la Nación, ya que la Corte Suprema de Justicia avaló la ley de Consolidación de Deudas. “Esto - por el proyecto que está en Senadores - es una copia de la ley nacional”, afirmó.
Con respecto a si la quita de al menos el 20% por el cobro en efectivo tiene carácter confiscatorio, la funcionaria apuntó que “es opinable” ya que “como es voluntario no debería existir problema” y que distinto sería si “no se ofrecieran opciones” debido a que “no se puede imponer la quita”.
Asimismo, citó ejemplos de otras provincias, como por ejemplo “Santa Fe, donde nadie va con una sentencia y embarga (al Estado). Se registran en el Ministerio de Economía y pasan para el presupuesto del próximo año”.
Con respecto al impacto de los Federales, distinguió entre los amparos producto del pago en 100% en títulos de haberes y aguinaldos, cuando la ley marcaba un 50 y un 50 por ciento y sostuvo que “esos cobraron todos”. “Lo que quedó de esto - especificó - son los honorarios (de los abogados), que en algunos casos éstos iniciaron ejecuciones y embargaron directamente, por eso hubo que pedir el año pasado un refuerzo presupuestario de 18 millones de pesos. Y esta ejecución trae aparejado un honorario más. Otros, fueron por la vía administrativa, y lo cobraron en cuotas de acuerdo a las posibilidades que tenía la Fiscalía”.
Finalmente, dijo a esta Agencia que aún “hay seis millones de pesos en federales que no fueron al canje, que reclaman el uno a uno más el interés. Estos están en juicio, tenemos fallo en primera instancia contrario al Estado que ahora apelamos”.
Fuente: APF
