La Justicia suspendió las indagatorias de los dirigentes de AGM

El abogado explicó que “en las últimas horas” Bautista resolvió suspender las audiencias indagatorias debido a que el requerimiento realizado por el fiscal “estaba defectuoso, porque entiende que no se dieron las circunstancias del Artículo 195 del Código Penal, que establece los requisitos de admisión de una causa penal”. No obstante, criticó que la magistrada haya suspendido y no levantado las indagatorias, otorgando de este modo “tiempo a la Fiscalía para que acomode el requerimiento que estaba defectuoso”. En ese orden, señaló que César Baudino, Marta Madoz, Sergio Elizar, Patricia Rodríguez, Norma Sánchez y Zulma Sánchez “siguen en la causa como posibles imputados”. Por otra parte, Fischbach dijo estar “sorprendido por la decisión de la Justicia, que a instancias del Poder Ejecutivo, concretamente el Consejo General de Educación (CGE), pretende un procedimiento penal contra seis destacados dirigentes de AGMER, bajo una falacia de un supuesto delito de desobediencia judicial, lo cual no ha ocurrido”. Según pudo averiguar el letrado, ya que aún no ha tenido pleno acceso al expediente, “estos seis dirigentes son imputados porque firmaron una apelación a la resolución judicial que decretaba una conciliación obligatoria”, lo cual es “un acto normal, que fue receptado por la jueza del Trabajo, que concedió la apelación ante la Cámara”. Por lo tanto, “resulta un verdadero dislate, una barbaridad, que los dirigentes sean sometidos a este proceso”, cuestionó. Al mismo tiempo, apuntó que “recién ahora la jueza del Trabajo ha advertido que se trató de una irregularidad de la Fiscalía, que requirió este procedimiento, y ha suspendido, pero no levantado, las audiencias indagatorias”. También cuestionó que con la suspensión “la jueza ha dispuesto una vista al fiscal, para que acomode el requerimiento que estaba defectuoso, porque entiende que no se dan las circunstancias del artículo 195 del código penal, que establece los requisitos de admisión de una causa penal”. “Si la jueza hubiera querido ordenar el archivo del expediente por las irregularidades que ha habido, tiene la autoridad para hacerlo”, explicó. Y apuntó que al no hacerlo le dio “un plazo al fiscal para que acomode los papeles. Por eso se deduce que aquí hay una cuestión dilatoria, tal vez de algunos días, y que luego tengamos una situación parecida”. Concretamente entendió que es “probable que sean citados nuevamente”. “Estamos ante una irregularidad grave, que encabeza el Poder Ejecutivo por haber actuado de esta manera, al tratar de criminalizar a dirigentes gremiales y a la actividad sindical, que al tenor de lo que hoy ocurre con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una barbaridad jurídica de acuerdo a las nuevas doctrinas, que establecen que el derecho penal es una materia residual. Esto es de naturaleza laboral y han querido llevarlo a lo penal con el evidente propósito de amedrentamiento de la lucha”, recriminó. A su vez, en declaraciones que reprodujo APF, comentó que “desde el punto de vista técnico, la situación jurídica queda exactamente igual a como estaba al día que el Congreso resolvió el plan de acción”. Sin embargo, acotó que “hay una situación novedosa, muy curiosa, que ha concitado nuestra preocupación, ya que de los seis compañeros llamados a indagatoria, uno sólo ha sido notificado de esta resolución judicial, que yo constaté que existe, pero de la cual aún no tenemos una notificación plena a los seis dirigentes”, expresó. Al respecto, aseguró: “Mañana a la noche tendremos más precisiones respecto a quiénes fueron notificados y afinaremos la cuestión. Pero me adelanto a decir que estas personas, que son inocentes, no tienen ningún problema en declarar”. Fuente: Análisis Digital.