Martes 7 de Abril de 2009, 19:29

La Legislatura respaldó la labor de Rodríguez Signes par

| Los legisladores que componen la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados recibieron informes esta mañana del titular de la Fiscalía de Estado, Julio Rodríguez Signes, y dieron su respaldo a las acciones que viene realizando para recuperar tierras públicas, sobre todo de la zona de islas, que fueron entregadas de forma irregular a particulares. El presidente de la Comisión, Horacio Fabián Flores (PJ-Basavilbaso), adelantó que la intención es “ayudar para que esto deje de ocurrir”.

Durante el encuentro del fiscal con los legisladores “se mencionó que hay un ‘divorcio’ entre los distintos organismos que tienen que actuar en estos temas”, por lo que idea de los diputados es “tratar de juntarnos con ellos y que nos orienten para hacer desde la Legislatura una ley aplicable y que cumpla función en defensa de las tierras y de los bienes del Estado”, apuntó Flores. El legislador no quiso hablar de irregularidades, pero indicó como un hecho desconcertante que “habría más lotes mencionados que los que realmente hay, como en el caso de Gualeguay” y adelantó que “hoy lo aclararon: quizá se deba a que se acumulan planos de mensura de distintos particulares”. La intención de los diputados es “buscar alternativas y reunirnos con la gente para que nos den los asesoramientos necesarios para que desde la Legislatura se pueda colaborar para que esto deje de ocurrir, porque perjudica a los intereses de la provincia”, añadió. La convocatoria fue debido a la aparición de una información periodística por lo que “como presidente de la comisión de Tierras no podía mirar para otro lado porque era un informe en el que el fiscal de Estado (Julio) Rodríguez Signes hacía algunas consideraciones realmente importantísimas”, dijo Flores. “La intención era tener una charla informativa con la gente de Tierras, con el fiscal y la directora de Catastro para que los legisladores de la comisión tengamos un panorama concreto de lo que está pasando”, agregó. La reunión “fue altamente positiva por la concurrencia y lo que se ha podido expresar con total libertad”, apuntó. “Este ámbito viene muy bien para habilitar una discusión que no se da y tratar de coordinar correctamente las acciones”, concluó. Por su parte, Rodríguez Signes adelantó que las acciones futuras serán “muchas”. “Por empezar, la Dirección de Catastro no puede aprobar o inscribir mensuras de bienes públicos. En segundo lugar, acciones de desalojo que tiene que encarar la Fiscalía de Estado. En tercer término, la Legislatura tendrá que revisar normas de la dictadura militar que habilitaron la venta y a veces a precio vil o sin cumplir con la licitación pública. La Policía tiene que tener una mayor presencia. A lo mejor, el gobierno provincial hace un convenio con algún organismo para que colabore en el control de la ocupación”, detalló. La delimitación por mensura de los terrenos, uno de los elementos junto con la posesión y el pago de impuestos son “medios de prueba que utilizan los particulares en los juicios de usucapión o prescripción adquisitiva, pero no quiere decir que el plano les dé la propiedad” del bien, sentenció. En el debate judicial sobre estos casos, la Fiscalía sostendrá que el plano “no es una prueba documental que acredite posesión, menos sobre un bien del dominio público”. “Hay que realizar acciones coordinadas de distintos órganos de la administración. En lo que a mi respecta, acciones legales: el análisis caso por caso de la adquisición de tierras fiscales donde de detectarse irregularidad plantear la nulidad de la venta, en los casos de usucapión planteados, rechazarlos, y en tercer orden tratar de que Catastro no apruebe mensuras sobre bienes públicos del Estado”, enumeró. Esto había sido reclamado en un dictamen de Fiscalía del año pasado, norma que en la opinión de Rodríguez Signes debería ser elevado a la categoría de “ley o decreto” para que sea un instrumento “de mayor jerarquía jurídica”. Catastro, de igual manera, no prosiguió entregando tierras públicas a particulares, sino que acató lo dispuesto en el dictamen de Fiscalía. “Creo que habría que revisar la Ley 6047 que autorizó la venta de las tierras de las islas a los particulares en el año 1977. Es una norma inconstitucional porque no fue hecha por la Legislatura, pero básicamente porque no se pueden vender bienes del dominio público, primero hay que desafectarlo”, algo que tiene que hacer la Legislatura explicando porqué se hace, explicó Rodríguez Signes. Finalmente, el Fiscal consideró que el encuentro de hoy fue “una primera reunión de trabajo. Voy a seguir con mi accionar. No necesito leyes, porque las normas ya están. Sí es un espacio importante para debatir. Porque la Legislatura no solo hace leyes, también controla”. Fuente: APF.