| La Oficina Anticorrupción (OA) decidió iniciar una investigación administrativa en el IOSPER para deslindar posibles responsabilidades administrativas y penales en el instituto, ante la negativa a brindar información solicitada por APF mediante el Decreto Nº 1169/05 sobre los convenios rubricados el año pasado con los prestadores de servicios de salud.
A mediados de febrero, el presidente del directorio, Silvio Moreyra, había sido denunciado ante el organismo de control por el incumplimiento de la norma que garantiza el acceso a la información pública. Además, fue presentado un amparo judicial para que el IOSPER informe sobre los acuerdos.
Tras un análisis del caso, la OA sugirió mediante dictamen 004/07 “el inicio de una investigación administrativa a fin de evaluar posibles responsabilidades administrativas y/o penales por incumplimiento del decreto” de acceso a la información pública. Esto fue avalado por la Fiscal de Estado el 23 de abril: “Procédase de acuerdo a lo sugerido”, ordenó la titular del área, Claudia Mizawak.
El pedido de información sobre el acuerdo del IOSPER con Acler de septiembre de 2006 y otros que pudieran haber sido rubricados por entonces, había sido hecho por APF el 11 de diciembre del 2006 y, ante la falta de respuesta y el vencimiento de los plazos previstos en la normativa (diez días hábiles que se pueden extender a veinte si es de difícil consecución), se presentó el 13 de febrero una denuncia ante la Oficina Anticorrupción. Esta dependencia, a cargo de Luis Pedemonte, reclamó al instituto que responda con trámite de “preferente despacho”.
Ocho días después, la obra social respondía enviando no la información solicitada, sino un convenio firmado en agosto del 2005 por Ricardo Rizzo, ex interventor y actual integrante de la Comisión Fiscalizadora del Instituto.
Ante el nuevo incumplimiento, se rechazó lo remitido por la obra social, dando parte a la OA de lo acontecido. El ente que conduce Pedemonte envió dos notas: la primera a comienzos de marzo en la que requirió que “se indiquen los motivos por los cuales no se puso a disposición la información, ello como trámite previo a evaluar si correspondería sugerir el inicio de una investigación a fin de deslindar responsabilidades por el posible incumplimiento de lo dispuesto por el decreto 1169/05”. La segunda, del 22 de marzo, reitera lo solicitado “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna por parte del organismo”, informó Pedemonte a Mizawak el 20 de abril pasado en el dictamen que sugiere el inicio de la indagación.
Asimismo, la parte peticionante presentó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 un pedido de amparo ante la falta de respuesta del IOSPER a la solicitud, pidiendo que se cumpla con el derecho ciudadano a la información y con el de los organismos públicos de informar sobre sus actos.
El juez Roberto Oscar Parajón, a cargo del juzgado, intimó ayer a la obra social para que en el plazo de tres días corridos para que “expida un informe circunstanciado sobre la exactitud de los hechos que motivan la demanda, dando en su caso la razón en que funda su actitud”.
Por el plazo impuesto por el magistrado, el IOSPER tendría que responder el lunes. Parajón también libró oficio a la Fiscalía de Estado para ponerla al tanto del inicio de la acción judicial.
Fuente: APF.
