Sábado 4 de Julio de 2009, 14:34

La Red de Alerta denunció que el Estado no cierra los lugares d

| Si bien la Policía entrerriana hace inspecciones a los locales donde hay trata de personas, los municipios, los organismos del gobierno y de la Justicia no ponen a disposición todas las herramientas para cerrarlos, denunció la integrante de la Red de Alerta contra la explotación y el abuso sexual infantil, Silvia Montaño, quien afirmó que en Entre Ríos hay más de 100 comercios encubiertos.

“Muchos espacios de trata tienen la fachada de wisquerías o tabernas pero funcionan como lugares de trata de personas”, afirmó Montaño a esta Agencia, y explicó que se realizaron inspecciones por parte de la Policía, “pero no se clausuraron esos comercios, ya que la fuerza sólo puede inspeccionar y no cerrarlos, porque eso es una potestad de los municipios y organismos provinciales como las direcciones de Trabajo o Rentas”. En ese sentido, detalló que el gobierno tiene que trabajar en evitar la instalación de tabernas o wisquerías “porque traen aparejado la trata y la explotación sexual comercial”. En ese marco, la Red de Alerta “realizó peticiones a los municipios de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú respecto a todo lo que tiene que ver con qué tipo de reglamentación y en qué condiciones están los lugares donde funcionan prostíbulos y se preguntó por qué no se hace nada a nivel municipal para evitar las habilitaciones”. Según el relevamiento que maneja la Red “hay más de 100 comercios en toda la provincia”, indicó la militante social, quien agregó: “a esto hay que tomarlo en un carácter regional, porque muchos dueños de esos lugares en la costa del Paraná son de Santa Fe, quienes hace viajar a las chicas”. Además, detalló que “muchas veces, desde la Policía provincial piden ser acompañados por inspectores municipales o por organismos provinciales y en algunos hechos puntuales no lo hicieron, lo que denota que hay un red que trabaja en ese sentido y es parte del Estado, de la Policía, de la Justicia y de la política”. A eso se suma que en Entre Ríos “no se tomó ningún tipo de medidas de prevención, ya que no hay campañas de difusión; no se tomaron medidas claras respecto a las fronteras y si bien se rescataron muchas víctimas, el Estado no generó las actividades imprescindibles para dar una atención integral”. Para revertir la situación “es imprescindible una decisión política provincial que implique acciones claras de prevención y acción, lo que demandaría mayores recursos para los organismos que trabajan en la temática y el castigo a quienes son los clientes de las redes de trata”. Al respecto, adelantó que desde la organización se reunirán con legisladores provinciales, para analizar la posibilidad “de que se trate un proyecto en la Cámara de Diputados, donde se contemple el rol del cliente, que es el principal explotador”. Sin embargo, más allá de las gestiones, la Red de Alerta comenzará a fin de año “una campaña contra el cliente, para disminuir la demanda, porque si no se logra eso poco se va a poder hacer con la trata de personas a cualquier nivel”, aseguró. Asimismo señaló que desde organización siguen trabajando en la campaña provincial "Con los chicos no" y se capacita a entidades intermedias para trabajar en prevención. Fuente: AIM.