Las foto multas estarán en manos de una empresa privada

El control de velocidad en ruta mediante el sistema de las foto multas en la provincia será administrado por una empresa privada, aunque con el control operativo de la Policía de Entre Ríos. Como la Policía no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar adelante el sistema administrativo, tanto la provisión de los equipos de medición de velocidad en ruta como la emisión de las actas de infracción será tarea de los privados. Ese es el motivo del retardo en la puesta en marcha del mecanismo, previsto inicialmente para fines de este mes, y ahora aplazado todavía sin fecha precisa. En el Gobierno todavía no tienen listos los pliegos del llamado a licitación por lo cual aún no se conoce cuál será la empresa que tendrá a su cargo el manejo del sistema de las foto multas en Entre Ríos. “Va a ser un emprendimiento privado, supervisado, y llevado adelante en conjunto con la Policía. En principio, teníamos previsto aplicar el sistema de los radares en enero, pero hubo cambios en los pliegos. Se tiene pensado repetir la misma experiencia de años anteriores, cuando se trabajó en conjunto con los privados, porque la Policía no cuenta con la infraestructura necesaria. Habría que hacer una inversión muy grande para contar con un sistema para hacerlo”, admitió el comisario Sergio Schneider, subdirector de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía. Dos serán las infracciones que quedarán a tiro del ojo de las foto multas: el exceso de velocidad y el adelantamiento indebido frente a la existencia de la doble línea amarilla. Al respecto, Schneider anticipó que los radares se instalarán en aquellos sitios que la Policía califica como “puntos negros” en materia de tránsito, fundamentalmente en algunos tramos de la ruta 14, y en las rutas 18 y 11, esta última la que concentra la mayor cantidad de accidentes en el tramo que atraviesa el departamento Victoria. Ya se avanzó en un aspecto: la señalización de aquellas zonas donde trabajará el radar. La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, a la cual adhirió la provincia a través de Ley 8.963, fija cuáles son los límites de velocidad máximos en ruta. Para los automóviles, se fijó en 110 kilómetros por hora; para los ómnibus, en 90; y para los camiones, en 80 kilómetros por hora. Durante la última década en Entre Ríos se han ensayado distintos mecanismos de control de velocidad en rutas mediante el uso del foto radar. Quizá el que mayor repercusión tuvo fue el convenio que firmó la provincia en 1998, durante la gestión del hoy también gobernador Jorge Busti, con el consorcio Alesia-TTI, que incluyó el polémico control vehicular, a un costo de 50 dólares por auto. Si bien el sistema no prosperó —el proyecto del entonces secretario de Reforma del Estado, Oscar Mori, debió archivarse, y la provincia pagar un resarcimiento de casi 5 millones de dólares a los privados—, sí quedó en pie el control de velocidad en ruta, a cargo de una subsidiaria de aquella empresa, Carryson. Ahora, la idea es repetir un esquema similar: un privado que aporte logística e infraestructura para realizar las mediciones de velocidad, con apoyatura de la Policía en los operativos de control en rutas. Aunque el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli, le señaló a El Diario que “el sistema va a ser diferente al anterior porque las notificaciones van a ser el momento, y con personal policial. Nadie va a recibir en su domicilio las notificaciones, sino que serán en el momento, como corresponde a las infracciones de tránsito. Lo que sí es que alguna empresa privada va a ser la que va a operar el sistema”. Pero aún cuando en todo el país los controles de velocidad en rutas avanzan a paso firme —Buenos Aires ya lo puso en práctica— en Entre Ríos, a pesar de los sucesivos anuncios, no hay certezas de cuándo comenzará. “No hay plazos porque ni siquiera se compraron los equipos”, admitió el subjefe Rosatelli. [b]Índice en baja[/b] La Policía inició en diciembre el control de alcoholemia en todas las rutas de la provincia y, según el subdirector de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Sergio Schneider, con resultados positivos: ahora el índice de conductores que maneja alcoholizado descendió a entre un 5 y un 10 % del 30 % que se había detectado al comienzo de los operativos. El trabajo, aseveró el funcionario policial, se lleva adelante “en forma sistemática, todas las semanas, en distintos puntos de la provincia, y no sólo incluye a los automovilistas particulares, que son controlados al azar, sino a los transportistas, de cargas y pasajeros. A partir de estos controles, hemos visto un descenso en la cantidad de conductores que transita alcoholizado, lo que da la pauta de que el trabajo está dando sus resultados”, aseguró. En ese mismo sentido, el responsable del ministerio de Gobierno de Entre Ríos, Adán Bahl, dijo que “en las rutas provinciales no ha habido accidentes porque hay un control muy fuerte, y esto lo puede observar la gente que sale de la provincia de Entre Ríos”. En realidad, en caso de detectarse la presencia de un conductor alcoholizado en las rutas, habilita a la aplicación de severas multas, tal cual lo dispone la Ley Nacional de Tránsito a la que Entre Ríos adhirió. Los valores van desde el equivalente a 100 hasta 1.000 litros de nafta super, cuyo valor está cerca de 1,90 pesos. Entre los reincidentes, las sanciones son todavía mayores y pueden llegar al equivalente a 20 mil litros de nafta super. Fuente: El Once Digital.