| El abogado Julio Rodríguez Signes consideró que “no es viable” la acción contenciosa administrativa que un grupo de trabajadores de Rosario del Tala iniciará en contra del Estado provincial, a fin de recibir una compensación por percibir haberes en bonos Federales.
“El bono federal, nos guste o no nos guste, fue aprobado por la Ley 9359, que salió publicada en octubre o noviembre de 2001”, aseguró el letrado, añadiendo que esa norma establecía la emisión de bonos y autorizaba la cancelación “de sus obligaciones con bonos federales”. “Hubo un acto legislativo, una ley que autorizó al Poder Ejecutivo a pagar las obligaciones, entre ellas los sueldos, con letras del tesoro o títulos de la deuda, llamados federales”, indicó.
Luego dijo que se sancionaron dos leyes que validaron este mecanismo: la ley 9382 o “Ley de Emergencia” y posteriormente la Ley 9392. Ambas lo hicieron extensivo a los servicios públicos, indicó el letrado. Más adelante, el Superior Tribunal de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley 9359 y después de las otras dos normas.
Para finalizar, Rodríguez Signes dijo: “Lo que no veo viable es que a tres años de aquel tiempo y cuando los títulos fueron rescatados, alguien pueda plantear un juicio por daños y perjuicios, cuando el Estado estaba autorizado”, concluyó.
Fuente: APF
