El texto aprobado dice que: “El Estado provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo”. Dispone además que “las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la protección y defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios”.
“Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación regulada por un ente provincial creado por ley que establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios, en los organismos de control”, concluye el despacho.
Fuente: El Diario.
