Los Convencionales dispusieron proteger al pequeño y mediano pr

El pleno también aprobó la cláusula transitoria que prohíbe a los funcionarios con facultad de nombrar personal en organismos, reparticiones públicas y municipios, ejercer esa facultad con sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad, en ningún empleo público permanente. La iniciativa tendrá vigencia hasta que se sancione la ley que garantice los concursos públicos. [b]Protección a los pequeños productores[/b] El pleno aprobó un dictamen unificado de la comisión de Producción, trabajo y Desarrollo sustentable de la convención constituyente, que estipula la protección al pequeño y mediano productor entrerriano, sobre la base de iniciativas presentadas por integrantes de todos los bloques. El texto propone que el Estado promoverá las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción, posibilitando el incremento de su rendimiento de manera sustentable. “Especialmente resguardará al pequeño y mediano productor y garantizará su participación en el marco del Consejo económico y Social. Procurará para la población rural el acceso a la propiedad de la tierra y promoverá su defensa”. Abrió el debate el convencional del Frente justicialista para la victoria (FJV) Luis Márquez, quien señaló que se logró la unificación de diferentes proyectos que apuntaban a la protección y defensa del pequeño y mediano productor entrerriano. “Al unificarse los expedientes 394, 425, 675, 781, 810 y 835 se logró un dictamen unificado en la protección al pequeño y mediano productor”, explicó. “Se trabajó en un despacho que pretendía comprender la visión que habían tenido los constituyentes en 1933; comprendimos que fue una visión extraordinariamente sorprendente” dijo y detalló que se incorporaron conceptos que hacen a la nueva visión del mundo. Señaló también que con la incorporación del texto al artículo 37 se establece que el Estado deberá defender a los pequeños y medianos productores con una visión activa. “Seguramente nos falta mucho desde el Estado para cumplir aquel pensamiento del ´33, pero sin lugar a dudas se avanzó en la distribución demográfica de nuestra provincia”. Opinó que por varias razones “los convencionales coincidimos en tratar de proteger la figura del pequeños y mediano productor que sabemos es el más perjudicado”. La convencional radical Silvina Cepeda consideró que la aprobación de esta inclusión es “histórica” y advirtió que la medida contribuirá a ejercer “un acto de justicia para con los productores”. La convencional de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS) Adriana de la Cruz de Zabal consideró que inclusiones “como esta son para celebrar. Era un deber que teníamos de llegar a este acuerdo unánime, que fuimos enriqueciendo con aportes importantes”. Además opinó que “este dictamen unificado demuestra el respeto con que trabajamos en lo que significa la protección de los productores”. Lo medular es que se propone que el Estado promueva las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción. Para de la Cruz de Zabal, esta inclusión está relacionada con el resguardo al productor. “Lo hace promoviendo condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y comercialización de sus productos, pero con un agregado muy importante que es la sustentabilidad. Con esto trabajamos en los nuevos paradigmas que se avizoran en la nueva Constitución respecto al respeto profundo al medio ambiente”. Sobre la iniciativa, el convencional de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS) Santiago Reggiardo, revalorizó el aspecto “trascendental de la inclusión de este articulo que sustenta las futuras acciones de los gobiernos y el ejemplo de los constituyentes que votaron el artículo hacia los gobernantes en esta hora actual”. Reggiardo indicó que “la producción requiere una distribución equitativa y razonable en cada eslabón de la cadena para que la industria, el comercio o los supermercados no sean los únicos que se queden con las ganancias”. Por eso consideró que “incorporar en la Constitución la obligación del Estado de proveer participación equitativa en la cadena de valor y como contrapartida, el derecho de los productores para lograrla, evitará la cartelización del mercado” y agregó que “la Constitución de por si no resolverá el problema, pero es importante que aparezca como un derecho de los productores para llegar a ese punto”. Calificó como “trascendente” esa incorporación y señaló: “es una buena noticia para el pequeño y mediano productor entrerriano, frente a la circunstancia dramática que vive el país, con a un gobierno suicida que se cierra al diálogo. Pero particularmente porque hace a la defensa de la producción entrerriana, muy importante por el momento que se vive”. El convencional del Frente justicialista para la victoria (FJV) Héctor Motta, revalorizó la aprobación del artículo en función de “la altura del mes y del año, ya que la mayoría (de los proyectos) arribaron antes que se produjera ese desencuentro entre el gobierno y el campo, por lo que tiene doble valor”. Para el presidente del bloque Viva Entre Ríos, Augusto Alasino, la comisión Redactora deberá darle sentido a la norma. “En ningún lado está que protejamos de manera concreta al productor ni lo que haremos para que una familia se mantenga en el campo. Ni siquiera tenemos el compromiso de asegurar que los productores tendrán la posibilidad de asegurar la tenencia de la tierra”, advirtió. El presidente de la convención, Jorge Busti, autor del proyecto, indicó que “todos los proyectos son buenos, pero las verdades nunca son absolutas, Por eso trataré de dar mi verdad sobre el tema. Creo que hay que mostrar otra cara, aquella que indica de 2003 a 2007, Entre Ríos creció un 116 por ciento con relación a las exportaciones”. Recorrió los logros de su última gestión como gobernador referidos a la producción y destacó que desde ahora se cobrará a los pooles de siembra o fondos de inversión que no residen en la provincia, un derecho del tres por ciento sobre el valor de la producción granaria por el uso del suelo. Al respecto, destacó que “los fondos recaudados se integrarán al Fondo de conservación de suelos, cuyo destino es apoyar a los pequeños y medianos productores y puedan concretar una agricultura sustentables en el mediano y largo plazo”. Aseveró que pidió a los gobiernos nacional y provincial que en la mesa de diálogo con los productores y la nación tienen que estar indefectiblemente las provincias, “para funcionar en forma permanente, para ver y palpar la integralidad, de manera que permitan el crecimiento de los distintos sectores productivos”. “Todos tenemos una responsabilidad y un compromiso que cumplir y en Entre Ríos debemos estar a la altura de la historia”, indicó. También remarcó: “no queremos la extranjerización de la tierra y vamos a evitarla por distintos caminos, sin vulnerar la Constitución nacional. Estas son cuestiones fundamentales”. “Quiero recordar que el primer argentino que se preocupó en serio para hacer que un sector menospreciado por la oligarquía fuese incorporado en la vida activa de la Argentina fue el general Juan Perón. Creo un organismo, el Iapi, para obtener los recursos del comercio exterior y darles más recursos a los argentinos. Fue pionero y a él quiero rendir mi homenaje”. [b]Se aprobó la cláusula anti nepotismo[/b] “Hasta tanto se sancione la ley que establezca y determine los cargos políticos sin estabilidad que pueden ser designados sin concurso, los funcionarios de los organismos, reparticiones públicas de la provincia y sus municipios que gozan de la facultad de nombramiento de personal, no podrán ejercer dicha facultad en su entidad respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, en ningún empleo público permanente”, dice el texto de la cláusula que votó esta tarde el pleno de la convención. El dictamen de la comisión de Nuevos derechos y Garantías había sido emitido el 3 de abril por unanimidad. El 15 de abril, los convencionales aprobaron el artículo 12 que establece que “todos los habitantes son admisibles a los empleos públicos provinciales, municipales o de otros organismos en los que tenga participación el Estado, sin más requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las calidades especiales exigidas por esta Constitución. Sólo serán designados y ascendidos previo concurso que asegure la idoneidad, la igualdad de oportunidades de los aspirantes y la no discriminación. En ningún caso, las razones étnicas, religiosas, ideológicas, políticas, gremiales, sexuales, económicas, sociales, fundadas en caracteres físicos o de cualquier otra índole, serán motivo para discriminar o segregar al aspirante”. Además, la ley “determinará las condiciones de concurso para los ingresos y ascensos y establecerá los funcionarios políticos sin estabilidad que podrán ser designados sin concurso. No podrán incluirse entre éstos los cargos de directores de hospitales y directores departamentales de escuelas”. La iniciativa surgió de los bloques minoritarios, con un texto del unipersonal de Recrear, de la mano del convencional Martín Acevedo Miño. El despacho de minoría de Recrear se unificó con la propuesta del convencional socialista Daniel Zabala (Coalición cívica-partido Socialista). En momentos de la votación del pleno, Zabala argumentó que la prohibición “tendría que haber tenido más profundidad” y señaló que “si bien no hemos tenido gobiernos decadentes, no estamos exentos de tenerlos en el futuro”. Además advirtió que sería importante “no nombrar en organismos de control a familiares de quienes están ejerciendo la función de gobierno”. A pesar que la propuesta no surgió de los grupos mayoritarios, tuvo el apoyo de todos los bloques. Así fue que el presidente de la comisión de Nuevos derechos y Garantías, Raúl Barrandeguy, valorizó la postura del presidente de la convención, Jorge Busti, quien propuso la adopción de una cláusula transitoria, por lo que se diluyeron “algunas diferencias” que posibilitaron el despacho por unanimidad. [b]Otras modificaciones[/b] El debate, que proseguía al cierre de este despacho, incluyó la supresión del artículo 126 de la Constitución, que establecía que “el gobernador y vicegobernador no podrán ausentarse de la provincia sin permiso de la Legislatura hasta tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones”. Además, se modificaron los artículos 121, 133 y 159 de la Carta Magna, referentes al tratamiento oficial de gobernador, ministros y magistrados, que a partir de ahora, cuando desempeñen el poder Ejecutivo no serán llamados “excelencia y señoría”, sino simplemente “señor”. Los convencionales también cambiaron el artículo 81 inciso 17, referido a la concesión de amnistía por delito de sedición en la provincia; modificaron el artículo 134, que en el texto de la Constitución de 1933 decía que “el gobernador es el jefe del Estado y comandante en jefe de las milicias de la provincia” y suprimieron los incisos 5, 20 y 24 del artículo 135, relacionados con “el uso en caso de receso de las Cámaras y de no poder ser oportunamente convocadas, de las atribuciones conferidas al poder Legislativo en el inciso 18 del artículo 81”; el nombramiento de “los oficiales de la Guardia Nacional y alcaldes de campaña” y “movilizar las milicias de uno o varios puntos de la Provincia durante el receso de las Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad y de orden lo requieran…”. Se modificó además el artículo 22 de la Constitución, que indica que “no podrán ser empleados, funcionarios, ni legisladores, los deudores de la Provincia, que ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los afectados por incapacidad física o mental”. Fuente: AIM.