| El presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Miguel Carlín, quien tuvo participación en los procesos en los que fueron condenados el ex presidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores Mario Yedro por enriquecimiento ilícito y el ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori por apropiarse de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que fueron desviados para la campaña de 1997 del PJ a través de la Fundación Aciser, afirmó que “los delitos de corrupción son los más complejos, porque no dejan huella”. Igualmente, justificó que “cuando las personas cometen un delito y resultan atrapadas por una figura que el legislador nacional al instrumentar el Código Penal le ha puesto y no tiene gravitación para el encierro carcelario, el juez no puede inventar un encierro que se da en homicidios o violaciones”.
Carlín habló en primer término de su carrera judicial y dijo que ha pasado “cosas buenas y malas”. Y ejemplificó al respecto: “Cuando se advierte que hay deficiencias dentro de un proceso, que le impide arribar a la verdad y culmina la causa por un camino sin salida, como la prescripción, y la revisión determina que resulta imposible otra solución, es una herida lacerante para los hombres del Poder Judicial”.
No obstante, en el programa televisivo Políticamente Incorrecto que se emite por el Canal 2 de Gualeguaychú, trazó una diferencia entre lo que exige la sociedad en determinadas causas y lo que dictan las normas. “Hemos jurado respetar la Constitución y las leyes de la provincia, y por lo tanto no tenemos que arrepentirnos si los fallos son acordes con esto, pero no podemos tener desvaríos de aquello que dictan las normas”, precisó.
Luego, se refirió al sistema de encarcelamiento vigente y admitió que “hay deficiencias”, aunque aclaró que “se van sofisticando las formas criminosas, por lo que existe mayor investigación”. En ese sentido, dijo que “es muy difícil que un juez pueda producir una investigación con cuatro o cinco empleados, si el sistema está estructurado dentro de la Policía de Entre Ríos”, por lo que consideró que “tendrá que perfeccionarse el personal, aumentarse los equipos y dar mayor tecnificación, para dar las respuestas que la gente reclama”.
En tanto, al ser consultado por qué terminan en la cárcel delincuentes comunes y no aquellos que cometen delitos de corrupción, contestó: “Las cárceles están llenas de pobres, pero también hay gente que pertenece a los estratos sociales más adinerados”, afirmó.
Igualmente, explicó que “los delitos de corrupción son los más complejos, porque no dejan huella. Entonces, hay casos de mucha complejidad y el laboreo de los hombres de justicia es para sacarse el sombrero. Pero esto no significa que no haya que acentuar los equipos técnicos de trabajo con los cuenta el Poder Judicial. Y para eso se está trabajando en una nueva estructura investigativa, a través de un Código nuevo que entrará en su momento en vigencia, pero requiere recursos y fondos por la peculiaridad que contiene”.
Por otro lado, Carlín ratificó su confianza en el Poder Judicial, más allá de los problemas existentes. “Al poco tiempo de asumir, fallé en el caso Roda como fiscal. Era una mujer embarazada que fue dejada cesante por el gobierno. Y cuando me aprobó el pliego el Senado en la Gobernación de (Mario) Moine, declaré la inconstitucionalidad de la Ley 8706, es decir que cada uno sabe con qué altura debe respectar la ley”, subrayó. “Pero yo confío en los jueces entrerrianos, máxime cuando existe el Consejo de la Magistratura”, continuó.
Finalmente, señaló que “es discutible el sistema en la provincia para designar jueces”. De todas formas, recordó: “Ni siquiera la reforma de la Constitución Nacional del ’94 la tocó. Sólo hay designación técnica en cuatro puntos del país. El ejercicio del gobierno de un poder, para que pueda resultar fortificado, ha determinado que en la mayoría de los casos no hubiera magistrados designados técnicamente”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital.
