LOS GREMIOS DOCENTES ACORDARON DOCUMENTO CONJUNTO

La secretaria general de AGMER, Marta Madoz, anunció que ahora los cuatro gremios realizarán las acciones necesarias ante el Ministerio de Educación de la Nación “porque los propios ministeriales de cada provincia deben debatir la Ley de Financiamiento Integral”, ya que pretenden obtener los fondos necesarios para educación, y “no para el 2010”. Con posterioridad a la entrega del documento, Madoz indicó que “hemos hecho este primer paso y esperamos tener respuestas a las demandas, porque como padres y educadores las necesitamos”. Recordó que la demanda está vinculada con “la deuda que tiene la democracia con la educación”, y en ese sentido puntualizó que están exigiendo el cumplimiento de lo que establece la Ley de Educación desde el artículo número 60, que es la inversión del seis por ciento del Producto Bruto Interno (PVI) en educación. En ese sentido, subrayó que “son necesarios fondos que vengan a garantizar las condiciones pedagógicas, de habitabilidad en las escuelas y el salario”. Finalmente, Madoz explicó en declaraciones efectuadas a la prensa, reproducidas por Canal 11, que el plan de acción docente se unificó “para poder tener una respuesta unívoca, a un conflicto que amerita tener resoluciones de un gobierno que tiene que solucionar la realidad de la educación del pueblo entrerriano”. Si bien se manejó la posibilidad que Busti estaría en la Casa Gris, ya que desde las 18 se desarrollaría la habitual reunión de Gabinete de los lunes, que hoy no se llevó a cabo por la mañana debido a la asistencia del mandatario al 2° Encuentro de Puertos Fluviales de la República Argentina que se desarrolla en Rosario, esto no se concretó. Por este motivo, los dirigentes debieron dejar en mesa de entrada el documento. El documento que presentaron los gremios ante el conflicto educativo: La aplicación de las leyes de transferencia de la Nación a las Provincias y la implementación de la Ley Federal de Educación desfinanciaron, anarquizaron y fragmentaron el sistema educativo nacional. Hoy, la desigualdad y la exclusión educativa tienen como víctimas a millones de niños, jóvenes y adultos, en una escuela pública que no está en condiciones de garantizar el derecho social a la educación. Fracaso escolar, deterioro pronunciado en alumnos y docentes, demandas insatisfechas, vaciamiento del sentido de la educación pública como herramienta de una sociedad, forman parte de la realidad del conflicto educativo. La consecuencia inevitable es el deterioro del derecho a la educación en igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso para todos los ciudadanos, concomitante con una amenaza persistente al principio de gratuidad del sistema público. La exclusión educativa es el resultado de una multiplicidad de factores, provenientes no sólo del campo eminentemente educativo, sino también del campo político, económico y social: desinversión, descomposición de las condiciones laborales de lo educadores, ausencia de planificación en infraestructura para atender la creciente matrícula escolar, ausencia de espacios de participación democrática, por mencionar algunos ejemplos. Si a esto se agrega el deterioro de las condiciones materiales de vida de los sectores populares, es obvio que el Sistema Educativo Argentino se constituye en una de las formas que adquiere la discriminación social. Por esta realidad y con estos fundamentos exigimos: A) La urgente sanción en el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento integral del sistema educativo que implique un incremento de dos puntos del PBI para educación, que permita oxigenar económicamente la Escuela Argentina en términos integrales: salario unificado nacional, inversión por alumno, formación docente, política de becas, infraestructura y mobiliario escolar. La misma debe recuperar el papel indelegable del Estado Nacional en el sostenimiento económico de la escuela pública argentina. En este sentido se debe inscribir el apoyo de los legisladores nacionales por Entre Ríos a esta iniciativa. B) La derogación de la Ley Provincial 9330 de Educación y discutir una nueva ley de educación en la provincia de Entre Ríos. C) La urgente recomposición salarial para los trabajadores de la educación, que contemple el recupero del poder adquisitivo y la movilidad para jerarquizar el escalafón como salida a la meseta salarial en la que nos encontramos y que generaron las propuestas gubernamentales. D) Condiciones laborales dignas e infraestructura edilicia adecuada en las escuelas. En este marco, las organizaciones sindicales docentes solicitamos asimismo la garantía al derecho social a la educación, al derecho de enseñar y aprender que, como responsabilidad indelegable, le cabe como gobernador de los entrerrianos. En este sentido, es imperioso contar con una respuesta favorable a los legítimos reclamos que la docencia entrerriana y la comunidad educativa están expresando en toda la provincia. Fuente: Analisisdigital