Los pool de siembra deberán tributar en Entre Ríos
| Poco antes del recambio de gobernador, el pasado 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos finalmente promulgó la ley que grava la actividad de los pooles de siembra. Con esta ley, entró en vigor el cobro de un impuesto a los propietarios de 68 grupos de siembra que operan en el territorio entrerriano, pero que tienen domicilio fuera de la provincia.
El impuesto es una suma equivalente al tres por ciento del impuesto inmobiliario rural, cuya recaudación estará destinada a la conservación del suelo. El recurso generado por el cobro del canon "deberá volver a los productores para que los medianos y pequeños productores le devuelvan a la tierra lo que realmente necesita", justificó el senador Victorio Firpo.
El legislador explicó que se agrega a esa ley "un registro de productores agropecuarios, que tengan la dirección fiscal en la provincia, que no pagan sus impuestos en Entre Ríos y no gastan insumos locales de alguna manera, a la hora de sacar la producción".
Es precisamente a esa franja a la que está destinada la ley, impulsada directamente por el Poder Ejecutivo entrerriano.
Para el que fue presidente de la Comisión de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados al momento del tratamiento de la ley, y hoy titular del Instituo de la Vivienda, Julio Aldáz, la normativa "contribuye a la sustentabilidad de la agricultura y a la preservación de la rentabilidad del sector agrícola local". Y agregó que "si bien es política del gobierno de la provincia atender a la rentabilidad de la producción agrícola, también es su intención y compromiso no descuidar la perdurabilidad de los recursos naturales existentes".
La medida fue celebrada por Federación Agraria Argentina (FAA). "Conceptualmente estamos de acuerdo porque tiende a diferenciar al productor entrerriano sobre el gran productor que viene de afuera y no comercializa su producción en la provincia. El de afuera va a estar obligado a pagar, mientras que para el entrerriano no es un privilegio, sino una ventaja derivada de una obligación como es la de hacer las prácticas de conservación de suelo", dijo el delegado entrerriano de FAA, Alfredo Bel.
Ese sector local va a estar eximido de pagar el canon del 3%del impuesto inmobiliario rural. El dirigente explicó, no obstante, que "también los foráneos, si hacen las prácticas de conservación de suelo y comercializan su producción en la provincia, estarán exentos de ese pago".
Finalmente, Bel consideró que "lo que hace falta es una gran decisión política de implementar esta nueva legislación, porque la aplicación representa ahora la instrumentación de un registro de productores, implementar una estructura para el cobro y administración de estos recursos y armar un programa para conservación de suelos para los pequeños productores".
Fuente: Jorge Riani, diario La Nación.
