Magistrados y funcionarios del Poder Judicial vuelven aportar a Iosper

Conocida la decisión de la presidente del STJ, Claudia Mizawak, que dejó sin efecto desde el 19 de noviembre pasado los acuerdos del 26 de noviembre de 2002 (40/02), y del 5 de marzo de 2003 y sus concordantes, y sometió a consideración del Cuerpo la cuestión relativa a las autorizaciones que el Tribunal otorgó a funcionarios de la justicia para no aportar a Iosper, Cañete valoró la decisión de la magistrada. El funcionario recordó que en setiembre pasado se había reunido con integrantes de la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Superior Tribunal de Justicia por la acordada de 2002, que permitía que integrantes del Poder Judicial no aportaran a la obra social entrerriana. “Por el camino del diálogo llegamos a un buen entendimiento, porque la situación se encauzó como esperábamos”. Y añadió: “agradezco a la presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, por haber encauzado la situación, para que más de 200 funcionarios del Poder Judicial puedan volver a incorporarse al sistema de salud de la provincia. Hubo voluntad y decisión política, y eso es enormemente valorable”. Tras repasar las causas por las que el Tribunal se expidió entonces a favor de los funcionarios judiciales, Mizawak señaló que en lo que va del corriente año, no autorizó ninguna de las solicitudes de eximición de aportes, y recordó que dispuso pasar las actuaciones al ministerio Público Fiscal. Luego, el titular de ese ministerio, Jorge Amilcar García, citando jurisprudencia que declara la validez constitucional del artículo 3º del decreto-ley 5326/73 de creación del Iosper, que establece la obligatoriedad de dicho régimen -entre otros- para funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los Poderes del Estado provincial y municipal, sus reparticiones u organismos autárquicos, opinó que debe dejarse sin efecto lo dispuesto en la Acordadas 40/02 y sucesivas, e intimó a los integrantes del Poder Judicial que aún se encuentren en esa condición, a que formalicen su reinserción al sistema de la obra social provincial. Mizawak consideró que la situación y el marco socio económico por el que atraviesan la provincia y su obra social, es diferente a la que imperaba cuando se dictaron las acordadas, advirtiéndose ahora un mejoramiento de las prestaciones de la obra social provincial. Por eso decidió dejar sin efecto desde el 19 de noviembre pasado y hacia el futuro, los acuerdos 40/02; y 5/03 y sus concordantes, dejando en claro que sólo presidencia o el Tribunal de Superintendencia podrán analizar y resolver cada caso de solicitud de eximición de aportes personales a Iosper. La acordada emanada del STJ lleva la firma de Mizawak, y los vocales Susana Medina de Rizzo, Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Bernanrdo Salduna, Leonor Pañeda, Emilio Castrillon y Juan Ramón Smaldone. La Ley 5.480, orgánica del Iosper, establece en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”, mientras el artículo 4º sólo exceptúa a los contratados, los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional. Fuente: AIM.