| El diputado Antonio Mainez se manifestó en desacuerdo de la resolución de acumular los expedientes de pedidos de juicio político contra el vocal del STJ, Emilio Castrillón y el consecuente conteo del plazo de 30 días a partir de dicha acumulación.
El legislador consideró que “no se puede borrar de un plumazo el tiempo transcurrido desde el 5 de junio de 2007, fecha en la cual la Comisión de Investigación se avocó al tratamiento de la presentación efectuada por el senador Majul como tampoco se puede determinar prima facie que ambas denuncias coinciden totalmente en la calificación de la conducta del denunciado”.
El diputado del Bloque Integración destacó además la necesidad de ser “totalmente cuidadosos con respecto a la institucionalidad de la Comisión para garantizar la eficaz marcha de la investigación pero también el ejercicio del derecho de defensa por parte de Castrillón”.
“Si la Comisión toma determinaciones como acumular las dos presentaciones -la del senador Majul y la de los abogados-, se corren serios peligros de generar la caducidad de ambas, porque brindar garantía significa ser transparentes y no crear futuras nulidades o provocar caducidades que son indeseables”, esgrimió. De todas formas y con la modalidad aprobada y teniendo en cuenta el receso decretado, el plazo de actuación vencería el 27 de agosto de 2007.
Mainez expresó que en la reunión se tuvieron en cuenta ciertos aspectos mocionados en una nota presentada la semana pasada. Así se designó como secretario de la Comisión al diputado Elbio Gomez (ante quien se deben presentar todos los escritos y se encargará del diligenciamiento de las pruebas) y se modificaron algunos aspectos del funcionamiento, como la aplicación supletoria de las reglas que rigen para la investigación del juicio político en el Congreso nacional cuando haya vacíos en la normativa provincial.
Por otra parte, Mainez planteó su disconformidad con lo expresado por el presidente en el sentido de que se debería adoptar medidas previas tales como el pedido de las grabaciones en poder de FM Vida de La Paz, para determinar si se continúa con la recolección de pruebas. El legislador apuntó: “Ello se contradice con las disposiciones constitucionales por cuanto la Comisión de Investigación tiene el objeto de investigar de los hechos en que se funda la acusación, contando para ello con las más amplias facultades. Recabados todos los antecedentes, deberá elaborar un dictamen final, aceptando o rechazando la acusación. Por otra parte no resultan contrapuestos los principios de averiguación de la verdad real y la garantía de defensa ya que ambos con dos caras de una misma moneda, que es la igualdad ante la Ley y el respeto a la Constitución”.
