Mainez y Grilli proponen a los legisladores nacionales eliminar los AT

En los considerandos de la iniciativa, los autores señalan que durante el período 1999-2001, el Ministerio del Interior utilizaron $2.880.145.924, asignándolos a las provincias en forma totalmente “discrecional”. Los datos fueron extraídos del informe de Auditoría Interna del Ministerio del Interior de fecha junio de 2000 y de la Sindicatura General de la Nación. Por ende, los legisladores que consideran que “la necesaria transparencia” para manejar los fondos ha sido totalmente desvirtuada. El fondo de donde se extraen los ATN fue conformado con recursos fiscales de la Nación y las Provincias, y esta destinado a paliar “situaciones de Emergencia y Desequilibrios Financieros de los Gobiernos Provinciales”, según reza la ley nacional 23.548. La ley tipifica las situaciones de emergencia y los desequilibrios financieros contemplados en la ley. Una situación de emergencia puede definirse como “aquellos casos no previstos o accidentales donde se haga indispensable la actuación inmediata”. La emergencia puede producirse por motivos naturales o artificiales, tales como catástrofes, epidemias, desastres naturales, accidentes graves provocados por la naturaleza o por factores humanos. Respecto del concepto desequilibrio financiero, la norma apunta a las situaciones transitorias que originan déficit de caja (producido durante la ejecución del presupuesto anual) y no a los escenarios generados por presupuestos desequilibrados. De todas formas, un análisis sobre los beneficiarios del reparto de ATN revela que, en la mayoría de los casos no fueron destinados a los fines prescriptos, sino a actividades de diversa índole que “nada tenían que ver con lo preceptuado por la norma legal”. Los legisladores remarcan “la preferencia política de la cartera nacional hacia una u otra gestión provincial en detrimento de otras de distinto signo político o de otra línea interna dentro del mismo partido gobernante”. Además, denuncian que, con posterioridad a la culminación de la gestión menemista, el otorgamiento de ATN ha tenido como destino municipios, apartándose de la norma legal, porque las comunas no han sido señaladas como titulares del derecho conforme la Ley Nº 23.548. Mainez y Grilli proponen, en cambio, que se incorporen estos recursos al reparto automático entre las provincias. “De esta manera se garantiza que todos los municipios, también resulten beneficiados a partir de la coparticipación municipal vigente en cada ámbito provincial”, indicaron. Por último, señalaron que el reparto generó abusos y arbitrariedades que son objeto de investigación judicial tanto en el fuero federal como en las distintas jurisdicciones provinciales.