| Incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, tales los cargos que se le imputan a los doctores Sergio Alberto Montiel y Sergio Gustavo Avero respectivamente. La denuncia fue presentada a principios de 2004 por el entonces fiscal de Estado, doctor Jorge Romero.
Tanto la agente fiscal, doctora Laura Cattaneo, como el representante del Estado provincial, doctor Marcos Rodríguez Allende, le manifestaron al juez Héctor Eduardo Toloy, que consideraban agotada la instrucción y, entonces, solicitaron el inicio del juicio oral y público.
Al proyecto oficial de presupuesto 2003, la Legislatura le había hecho un agregado y una impugnación. El artículo incorporado establecía que la cantidad de personal de planta permanente sería igual al personal reconocido en el presupuesto anterior, menos las vacantes producidas por imperio de la ley de jubilación anticipada. Es decir, se pretendía hacer cumplir el propósito del programa: el cargo liberado por la jubilación anticipada debía ser eliminado y, al revés, si el cargo —por cuestiones funcionales— no podía ser suprimido, era porque no procedía la jubilación anticipada. El caso es que, en los hechos, la jubilación anticipada sirvió para incorporar nuevo personal, en sectores generalmente bien remunerados de la grilla, en lugar de los que se acogían al beneficio. De manera que, en vez de reducir los gastos corrientes, lo que sucedió fue exactamente lo contrario: se incrementaron, toda vez que el Estado debió pagar el nuevo sueldo y también la jubilación anticipada para el relevado, indica El Diario.
El artículo del proyecto oficial que la Legislatura contradijo fue uno por el cual el Ejecutivo pretendía “blanquear”, bajo la errática denominación de un fideicomiso, una contratación directa en favor del Nuevo Bersa por el cual la Dirección General de Rentas cedía, para su cobro, certificados de saldo deudor de distintos contribuyentes. Para ambas cámaras, esa tercerización violaba la normativa referida a contrataciones: no se trataba de facultades reguladas por el contrato de agencia financiera, toda vez que la entidad financiera percibía el 10 % de lo que lograba acreditar, además de transferirle al deudor cargos por la cobranza. Para la Legislatura no había duda: el convenio era lesivo para los intereses del Estado.
En la saga aparece que, siempre durante 2003, los dos artículos resultaron vetados por el Gobernador pero finalmente confirmados por la Asamblea Legislativa. Y que, lejos de aceptar la decisión del pleno de legisladores, el Ejecutivo dispuso una maniobra dilatoria para evitar promulgarlos.
El caso es que, luego de colectar diferentes documentales y de recibir distintas testimoniales, tanto la agente fiscal, doctora Cattaneo, como el querellante particular, doctor Rodríguez Allende, consideran que está debidamente probado que el ex gobernador Montiel en lugar de proceder a completar el trámite expeditivo de una promulgación, y contraviniendo la sugerencia que en ese sentido se realizó desde el Ministerio de Gobierno, decidió pedir una opinión a la Fiscalía de Estado, lo que se considera improcedente, además de inusual.
Tanto Montiel como Avero se encuentran procesados por esta causa. El ex Gobernador se abstuvo de prestar declaración, no así quien fuera su fiscal de Estado. En esa ocasión, el doctor Avero se excusó al indicar que el “cajoneo” del expediente no fue intencional sino producto del trabajo extraordinario que se registraba por la extrema litigiosidad que se vivía por entonces. Sin embargo, un funcionario que revistaba en la repartición asegura que realizó los proyectos de dictámenes de ambos expedientes, lo que recuerda perfectamente porque terminar con todas y cada uno de esas diligencias era condición fijada por Avero para que se tomara una licencia, lo que efectivamente ocurrió.
Queda abierto el camino para que Toloy eleve la causa a juicio oral y público, lo que probablemente podría acontecer antes de que termine el 2005.
Fuente: APF
