Viernes 20 de Mayo de 2005, 11:31

Montiel se abstuvo de declarar

| Sergio Montiel se presentó ante el juez Jorge Barbagelata, aunque según confirmó el abogado querellante en la causa de fraude a la administración pública, Marcos Rodríguez Allende, “Montiel hizo uso de su derecho constitucional de efectuar cualquier tipo de explicación o concepto de la imputación que se le efectuó oportunamente”.

Luego de haber dado parte de enfermo el pasado 9 de mayo por lo cual no declaró, finalmente el ex gobernador de la provincia se presento ayer por la tarde en tribunales. De ahora en más, la causa pasa a despacho y el magistrado cuenta con 10 para resolver la situación procesal de los imputados, que además del ex gobernador, comprende a sus ex ministros de Gobierno, Fermín Garay, y de Economía, Osvaldo Cepeda, y Oscar Berón, acusados de haber aceptado colectivos de la Empresa San José como parte de pago de una deuda tributaria de la firma. Luego de haber pedido una prórroga de la hora prevista para la indagadatoria, pasadas las 19.00, el ex primer mandatario provincial arribó al Juzgado, y según informó el abogado Marcos Rodríguez Allende se abstuvo de declarar, aunque aclaró que “el abstenerse es una facultad de la que puede hacer uso cualquier imputado, pero no significa una presunción de culpabilidad”. En ese sentido, explicó que el ex gobernador “hizo uso de este derecho” y “ahora el juez debe resolver de acuerdo al plexo probatorio que está agregado en el expediente”. La denuncia que dio origen a esta causa fue interpuesta por la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Oscar Rovira, quien había cuestionado el canje de deuda por cuatro colectivos. De acuerdo a esa investigación también se habría detectado una sobrevaluación del valor de los colectivos al tomarlos como parte de pago. En ese sentido, el letrado indicó que por este presunto fraude a la administración pública por una compensación impositiva, a partir de la cual se habría beneficiado a la empresa de transporte por 400 mil pesos, “las pruebas que sustentan la sospecha son abundantes”, al tiempo que destacó que “fundamentalmente el perjuicio fue determinado por el Tribunal de Cuentas de la provincia y fue evaluada en alrededor de 130 mil pesos la sobrevaluación de esos bienes”.