| Se investiga un convenio de la gestión anterior que benefició a una empresa que tenía deudas tributarias con el fisco. En esta causa, fue confirmado el procesamiento del doctor Sergio Montiel, de dos ex ministros y de un ex asesor de la gobernación.
La Justicia desechó un recurso de apelación oportunamente presentado por las defensas del doctor Sergio Montiel y de tres ex colaboradores y, entonces, confirmó los respectivos procesamientos de primera instancia en la causa en la que fue puesto en entredicho un convenio de cancelación de deuda tributaria en favor de una empresa de transporte de pasajeros de larga distancia, rubricado durante la gestión anterior.
Pasando en limpio, la resolución de la Cámara integrada por los doctores Jorge García, Silvia Nazar y Raúl Herzovich vino a ratificar los siguientes cargos: defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal para el ex ministro de Economía, Oscar Alberto Berón; defraudación a la administración pública en calidad de partícipe necesario y negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal para el ex gobernador Montiel y quien fuera ministro de gobierno, doctor Fermín Luis Garay; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipe necesario para el por entonces asesor económico de la gobernación, Osvaldo Cepeda.
La resolución judicial fue producida el 18 de septiembre último y, de este modo, el camino ha quedado expedito para que se determine la finalización de la etapa de la Instrucción y se solicite la elevación a juicio.
En el centro de la controversia aparece la emisión de un decreto que vino a contradecir lo dispuesto en el Código Fiscal. En base a esa norma puesta bajo sospecha, se dio curso a la cancelación de una deuda en favor de una empresa dedicada al transporte de pasajeros. La firma, para saldar compromisos tributarios incumplidos, ofreció y le fueron aceptadas unidades automotores que, incluso, habrían sido tasadas por encima de su valor real, es decir, sobrevaluadas. Se conjetura que se trató de un decreto hecho a medida de la firma involucrada y en contra de los intereses del Estado; y las responsabilidades emergentes son las que la Justicia trata de establecer.
Lo que compromete a los por entonces ministros Berón y Garay es que acompañaron con sus firmas la del doctor Montiel, situación que se agrava por el lugar de decisión que ocupaban dentro del gobierno. Fue el 21 de junio de 2002 cuando Montiel firmó el decreto en el que se dispuso que los tributos provinciales podían cancelarse mediante la entrega de bienes registrables cuando la incorporación de estos al patrimonio de la provincia sea declarada de interés público por el Ejecutivo. Eso es, precisamente, lo que se efectuó en contraposición con lo prescripto por el artículo 62 del Código Fiscal, a criterio de la Cámara. En el Código no está contemplada la “dación en pago de bienes” por lo que el decreto vendría a introducir “la falaz afirmación de que el artículo 66 del Código Fiscal provee como medio de extinción de las obligaciones tributarias, el pago y dentro de éste la entrega de bienes”, reafirmación que se efectúa en el artículo primero del decreto que se puso en discusión.
En tanto, a Cepeda se le imputa haber realizado gestiones personales ante el Consejo respectivo, a fin de que realice de manera “urgente” primero la tasación y, luego, mejora la valuación de los bienes a los que había arribado en primera instancia.
Fuente: El Diario.
