Viernes 2 de Mayo de 2008, 22:03

Municipios deberán pagar a abogados del gobierno provincial

| En el Boletín Oficial 24.009, el Ejecutivo publicó el decreto mediante el que queda firme el veto parcial efectuado por decreto 1125 del 5 de marzo de 2008, que establece que los municipios asuman los honorarios de los abogados de la fiscalía de Estado de la provincia, en casos que tuvieron que desistir por las deudas generadas por la devaluación en algunas comunas, condición sine qua non para adherirse al programa de financiación de deudas municipales.

El edicto 1850 del ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios públicos, establece que se tendrá por firme el veto parcial efectuado por decreto 1125 GOB del 5 de marzo de 2008, al proyecto de ley sancionado por la cámara de Diputados. En la asamblea del 3 de abril, sin la presencia de legisladores oficialistas -incluso de algunos senadores y diputados que previamente habían aprobado la norma-, la Asamblea legislativa fracasó y el Ejecutivo logró que los municipios asuman las costas de los abogados del gobierno provincial, en los casos que se llevaban adelante por las deudas que se habían generado por causas iniciadas por el incumplimiento del pago del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism). En la oportunidad, el vicegobernador Eduardo Lauritto, informó a AIM que “este fue el tercer llamado para tratar el veto parcial interpuesto por el Ejecutivo, de modo tal que el fracaso de la Asamblea conformó el veto interpuesto a las modificaciones que se pretendían hacer al artículo 5 de la ley 9774”. En ese contexto, señaló que “esto tiene que ver con una situación dolorosa que tuvieron que vivir los municipios que en su momento requirieron créditos con una expectativa, que fueron tomados por la pesificación asimétrica y que estuvieron, algunos de ellos, reclamados y otros discutidos judicialmente. Involucran honorarios profesionales, por lo que el veto parcial del Ejecutivo entiende que no es el Estado provincial el que debe asumir los costos, que es lo proponía el proyecto que finalmente fue vetado”. Según la interpretación del vicegobernador, los intendentes “sienten que tuvieron el beneficio del refinanciamiento, ya que en la gestión anterior de Jorge Busti los municipios vieron que existió un refinanciamiento en el tiempo; porque estos son créditos internacionales de organismos multilaterales y quien lo debe abonar es la provincia y lo paga la nación. En este caso, la provincia cumple en término con el gobierno nacional y los que lograron un plazo mayor son los municipios en relación con los pagos que se efectúan a la provincia”. En tanto, legisladores de la oposición criticaron la actitud de los parlamentarios oficialistas. “Consideramos que el veto no correspondería, ya que el trasfondo de la cuestión tiene que ver con el cobro de honorarios de abogados que están en fiscalía, y como son empleados del gobierno no le podrían cobrar al Estado provincial”, afirmó el legislador de la Concertación entrerriana (CE), Héctor De la Fuente. Por su parte, el presidente del bloque de la Unión cívica radical, Jaime Benedetti, señaló a esta Agencia que “el veto no corresponde, porque se rechaza un acuerdo preexistente entre la provincia y los municipios en el marco de la renegociación de deudas”. Además, aseguró que algunos municipios se adhirieron al programa “porque entendieron que se iba a aprobar esta modificación, por la que las comunas no se iban a hacer cargo de esas costas”. Por su parte, la ex directora de Relaciones municipales y actual diputada nacional, María de los Ángeles Petit, presentó una solicitud a la Fiscalía para que arbitre las medidas necesarias para que los abogados del Estado no embarguen las cuentas corrientes de los municipios para cobrar sus honorarios en las causas iniciadas por las deudas en dólares que fueron contraídas antes de la Ley de Convertibilidad. La legisladora presentó formalmente el pedido, tras confirmarse el veto de la ley del que reformaba el artículo 5º de la ley 9774 en relación a que sería el Estado provincial el que se hiciera cargo de los honorarios de los abogados dependientes de la Fiscalía de Estado, intervinientes en las causas. Según se informa en un comunicado de prensa, la ley 9774, sancionada y promulgada durante la gestión del gobernador Jorge Busti estableció el régimen de refinanciación de las deudas municipales contraídas en dólares antes del año 2001 que permitió a 40 municipios regularizar su situación y proceder a las firmas de los convenios respectivos. Fuente: AIM.