No habrá retiro anticipado del seguro de vida para jubilados

El Poder Ejecutivo resolvió ayer vetar totalmente el proyecto aprobado por la Legislatura para habilitar el retiro anticipado del seguro de vida para los jubilados que cumplieran con una serie de requisitos. La Asamblea Legislativa deberá ahora expedirse sobre esta disposición, aunque ya se duda de que vaya a insistir con la aprobación de la ley. Para el veto se argumentaron motivos políticos, financieros y legales, según indicó a UNO el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías. “Está claro que el Ejecutivo ha receptado las recomendaciones de la Caja, la Contaduría General de la Provincia, el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado”, manifestó. Como se recordará, luego de innumerables marchas y contramarchas la Legislatura terminó aprobando un proyecto para que pudieran retirar el 40% del seguro de vida los jubilados mayores de 75 años, que además percibieran un haber menor de 800 pesos. En estas condiciones estarían entre 2.300 y 2.700 personas; un número que iría en incremento con el tiempo. El Decreto Nº 8.680, por el que se aplicó el veto, ingresará al Senado en la sesión de la semana próxima -la última del año- y se estima que el primero de los tres llamados a la Asamblea Legislativa se concretará a fines de mes. Por lo tanto, la tercera convocatoria sería para fines de enero, cuando los diputados y senadores estén en pleno receso. Esta situación, sumado a las discrepancias que existieron durante el tratamiento del proyecto entre los senadores y diputados justicialistas, hacen prever que el veto quedará firme y, por lo tanto, la ley no sería promulgada. Tampoco habrá posibilidades de introducir modificaciones, por tratarse de un rechazo total del Ejecutivo. Elías mencionó entre las causas del veto a aquellas de “orden político”, como el hecho de que “la mayoría de los sectores involucrados, activos y pasivos, se expidieron en contra del proyecto”. También expresó que la iniciativa “tenía viabilidad sólo si se aceptaba el aumento del aporte”, lo que también despertó el rechazo de sectores gremiales. Por otra parte, acotó que el artículo 21º permitía subsidiar el sistema con fondos de Rentas Generales de la Provincia. “Esto hacía cambiar sustancialmente el espíritu del sistema, haciéndolo un sistema abierto y no cerrado como es hoy. Esto tornaba incierto el futuro desde el punto de vista financiero del sistema”, explicó. También existieron dudas sobre la legalidad de la norma, puesto que obligaba a que todos los afiliados hicieran un mayor aporte para sostener el costo de el retiro anticipado del seguro, que además sólo beneficiaría a una porción limitada de la población. “Se distorsionaba el concepto de solidaridad: no todo el mundo iba a tener derecho al beneficio, pero todos tendrían que financiarlo. Esto podría convertirse en una fuente de litigio contra el Estado”, señaló el funcionario. Otra observación que encontraron los organismos consultados por el Ejecutivo fue que se hacía necesario un reempadronamiento total de los jubilados provinciales, lo que hubiera sido administrativamente dificultoso. El decreto del veto aclaró expresamente que de promulgarse la ley “resultaría indispensable un importante incremento en las primas a descontar en forma mensual a todos los afiliados para afrontar el impacto financiero que significa atender el beneficio del adelanto por edad avanzada para el grupo de adherentes que reúnan los requisitos exigidos en el proyecto, produciéndose una consecuente disminución del salario de bolsillo de los afiliados”. Además, desde el punto de vista presupuestario, la Provincia “se vería imposibilitada de asignar recursos presupuestarios a tal fin, debido a la existencia de otras necesidades que a la fecha no han podido satisfacerse”. Fuente: Diario Uno.