Lunes 31 de Enero de 2005, 22:43

OFICIALIZARON EL CONSEJO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

| El gobernador de la provincia, Jorge Busti participó esta tarde en Buenos Aires de la conformación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. "Nos adherimos a esta ley por un criterio filosófico", consideró el mandatario entrerriano al hacer uso de la palabra.


Esta tarde en el Ministerio de Economía de la Nación, se reunieron las 16 provincias que adhirieron al Programa de Financiamiento Ordenado (PFO). Al hacer uso de la palabra, el mandatario entrerriano expresó: “Quiero agradecer al Ministerio de Economía de la Nación, a la Secretaría de Provincia y Hacienda el tratamiento que hemos tenido este año para salir adelante y no por un criterio de oportunidad nos adherimos a la ley de Responsabilidad Fiscal, sino por un criterio filosófico que creemos que el gasto publico tiene que tener el techo del crecimiento del crecimiento bruto del país pero además hay que fomentar la inversión pública”. Además, el gobernados indicó: “Nos adherimos a esta ley y creemos que el Comité Ejecutivo tiene que ser rotativo y tiene que expresar a todas las regiones del país para que todas las provincias argentinas tengan la oportunidad de participar en este comité que es inédito, es el primer organismo federal de control fiscal de la República Argentina”. Según explicó Busti, a partir de la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se hará “un seguimiento del cumplimiento de esta ley, que significa priorizar la inversión en obras públicas para generar puestos de trabajo. Es necesario poner un techo en el aumento de los gastos corrientes en función del crecimiento del Producto Bruto Interno”. El mandatario dijo en declaraciones a Lt14, que la ley permite la refinanciación de las deudas que mantienen las provincias. En ese sentido, manifestó que no sólo se limita al pago de intereses sino que además permite comenzar a saldar la deuda. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal controlará los límites al gasto y al endeudamiento provincial, y autorizará a su vez los programas de financiamiento para cada distrito. Entre otros límites, la ley establece que el gasto corriente -salarios y servicios públicos- no podrá superar la tasa de aumento del PBI y que no se podrán emitir nuevas cuasimonedas. También prohíbe que el endeudamiento y lo recaudado por la venta de activos se destine a gastos corrientes, y obliga a los gobiernos a presentar a las legislaturas proyectos de presupuesto trienales que incluyan la proyección de la coparticipación de impuestos a municipios y la programación de las operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales. Hasta el momento, los distritos cuyos parlamentos decidieron su adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal son Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Buenos Aires. La puesta en marcha del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por ocho representantes de las provincias y uno de la Nación, requería un mínimo de 12 adhesiones, número que se superó con holgura. Asimismo, las provincias que hayan adherido a la norma podrán acceder al Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), que avalará la asistencia financiera por parte del gobierno nacional a las provincias que presenten algún desfasaje en sus cuentas públicas. El auxilio financiero llegará a través de la firma de convenios bilaterales entre las provincias y la Nación, que comenzarán a suscribirse a partir del mes que viene. El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, indicó que la Nación “dará préstamos únicamente a las provincias donde nos pongamos de acuerdo en que realmente existe un problema financiero transitorio y que hay una política por parte de la provincia de ir corrigiendo en el tiempo, para que en el futuro no aparezca esa necesidad que tienen hoy”. En ese sentido, Entre Ríos ya logró el compromiso de Nación de contar con una asistencia de 112 millones de pesos para cumplir con parte de los vencimientos de deuda de este año. Las sanciones previstas para aquellas provincias que no cumplan la ley se concentrarán en restricciones en la adjudicación de nuevos beneficios impositivos nacionales y limitaciones para el otorgamiento de avales y garantías por parte del gobierno nacional.