OTRA CONDENA PARA OSCAR MORI

La jueza Civil y Comercial número 7 de Paraná, Gabriela Mastaglia, condenó al ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori a pagar una suma millonaria al Estado entrerriano y a los abogados y peritos que participaron del juicio, en la causa por las irregularidades cometidas en la compra del helicóptero Bell Ranger, que el gobierno provincial adquirió a principios de 1996. El ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión podrá apelar tal decisión judicial, donde fue sentenciado por abonar un sobreprecio de casi 650.000 pesos-dólares, a inicios de la segunda gestión de Jorge Busti. La máquina se pagó 1.785.000 dólares, cuando en el mercado aeronáutico estaba valuada en no más de un millón de dólares y Mori fue quien llevó adelante toda la operación. El ex funcionario tendrá que abonar 645.969,93 pesos más los intereses desde que se hizo el contrato de compra, en 1996 (sería cerca de 387.525 pesos) y un total de 397.040 pesos de honorarios, según se desprende de la sentencia. La denuncia civil había sido iniciada a fines de 1999 -cuando estaba finalizando el anterior gobierno del PJ- por el fiscal de Estado adjunto, Víctor Berta, tras una orden del gobernador Busti. Esta es la segunda condena que tiene Mori de la justicia entrerriana, en menos de tres meses. Antes, fue sentenciado a tres años de prisión condicional por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de pesos-dólares. La jueza Mastaglia entendió -entre otros párrafos- que “la participación de la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión fue activa en la adquisición del helicóptero, no limitándose su participación al simple asesoramiento, dado que tomó a su cargo la tramitación del crédito necesario para concretar la operación, solicitó presupuestos, solicitó información, dispuso los pases para que se expidieran los organismos competentes relacionados con la contrato a concretarse,y solicitó informes a LAER”. A su vez le cuestionó que Mori “nunca evaluó la posibilidad de llamar a licitación pública y en el inicio, antes de contar con el informe de LAER que recomienda la adquisición del helicóptero de la marca Bell y de dar intervención a la Unidad de Contrataciones, siempre se pronunció por la compra directa a La Macarena S. A.”, pese incluso a las observaciones que había hecho el entonces Contador General de la provincia, Diego Valiero, actual ministro de Economía de Entre Ríos. La negociación quedó asentada en el decreto 733/96 del PE, fechado el 18 de marzo de 1996, por el que se dispuso la adquisición de la máquina y, a su vez, se decidió la compra directa por vía de excepción a la firma La Macarena, de Buenos Aires. Allí se establecía un pago efectivo de 1,5 millones de pesos-dólares, más la entrega del helicóptero en desuso que poseía Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) -valuado en 120 mil pesos- y 338 mil pesos, financiados por el Tesoro provincial. "Es fundamental -se señaló en los argumentos- contar con una unidad que cubra todas las exigentes prestaciones que el cuerpo de seguridad provincial necesita desplegar en su accionar, en beneficio de la comunidad entrerriana". El decreto de compra fue rubricado por el gobernador Jorge Busti; el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Faustino Schiavoni y el secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Mori. En la misma norma se aceptó la financiación ofrecida por el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA). Consistía en un crédito de 1,5 millones, a una tasa al 18 por ciento nominal-anual, dividida en dos operaciones: una por 585 mil -a nueve meses de plazo- y otra por 915 mil pesos. El helicóptero Bell, modelo 206, Long Ranger, con siete plazas, modelo 1993 y con 450 horas de vuelo, era del extinguido Banco Extrader y había tenido un serio accidente que no constaba en la libreta de historial de la máquina, que lleva la Dirección Nacional de Aeronáutica, por el cual se le cambió una pala de su hélice, según se pudo constatar al momento de su recepción en el aeródromo de Paraná. Incluso, las personas que realizaron tal informe técnico -por pedido expreso del entonces jefe de Policía de Entre Ríos, Mario Marín- recibieron graves amenazas telefónicas en forma anónima en días posteriores, evidentemente en relación a la tarea desarrollada. A los pocos días y mediante el decreto 879, el gobierno tuvo que ratificar el contrato suscripto con La Macarena, ya que se cometieron errores materiales en el encuadre del procedimiento de compra directa por vía de excepción. Es decir: no se tuvieron en cuenta las restricciones previstas por los decretos 4594/90 y 404/95. El helicóptero -pintado con los colores de la fuerza policial- llegó a Paraná en la última semana de abril de 1996, pero tuvo que ser devuelto una vez realizado el informe técnico, al detectarse algunas falencias. Tanto Mori como el jefe Marín, en declaraciones periodísticas, avalaron totalmente la compra de la máquina, considerando que existía una real necesidad, pese a la emergencia económica de la provincia. Tres años después, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos llegó a la conclusión de que, en realidad, se pagó un sobreprecio de 650 mil pesos, según el informe del fiscal Rubén Gaillard, ex presidente del entonces estatal Banco de Entre Ríos, en la gestión de Mario Moine. El Tribunal de Cuentas inició el expediente 057/96 a los pocos días de que se conocieran las supuestas irregularidades, denunciadas por el semananrio Análisis en ese mismo marzo de 1996. En el informe -que reunió más de mil fojas-, el asesor jurídico del organismo, Luis María Campos, consideró "primordial averiguar cuánto cuesta un helicóptero marca Bell, de las mismas características, para luego efectuar la comparación con la compra que ha realizado la provincia", pero al fiscal Gailliard no le resultó fácil conseguir la información, lo que incluso dejó asentado en la investigación. Antes de dejar la función, Brugo solicitó "la intervención del Cuerpo de Tasadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" para valuar el helicóptero adquirido. Los peritos, según consta a fojas 723 (hasta la 729) indicaron que "el precio estimado al mes de marzo de 1996, de una unidad sin uso, versión nueva, era del orden de los 975 mil dólares y el precio de la totalidad del equipo adicional de 230 mil. Así -añadieron- el precio de la unidad completa se eleva a 1.205.000 dólares". A su vez, señalaron -ante el requerimiento específico- que en esa fecha "un helicóptero de iguales características, con 295 horas de vuelo, modelo 1993 e igual equipo adicional (o sea, igual al comprado por el Estado entrerriano) tenía un valor aproximado de 1,1 millones de dólares". En sus fundamentos consignaban que ello se desprendía de "consultas efectuadas en las compraventas de aeronaves más acreditadas dentro de las que comercializan helicópteros de la marca Bell". Así también, los peritos tasadores acompañaron "una cotización que solicitaron a la firma La Macarena o su asociada Timen Sociedad Anónima, que fuera la proveedora del helicóptero, que asciende a 1.992.560 dólares, valor FOB (sobre lo cual efectúan algunas observaciones), por un helicóptero nuevo". Y se concluyó, "luego de efectuarse un análisis comparativo con los precios obtenidos de otras empresas, que existen diferencias porcentuales del orden del 65,35 por ciento". En el informe se consideró, además, que "si bien surge de las actuaciones que la firma La Macarena representa en el país a la fábrica de helicópteros Bell Helicópteros Textron, otras firmas comercializan también la aeronave marca Bell". En consecuencia, los investigadores del Tribunal de Cuentas señalaron que "dicha circunstancia resultaría relevante, atento a las diferencias porcentuales existentes entre las tasaciones indicadas supra y al procedimiento llevado a cabo en la compra directa por vía de excepción, alegándose razones de exclusividad". No obstante las pruebas contundentes, la denuncia penal por las irregularidades no prosperó en el Juzgado de Instrucción a cargo de Susana Medina de Rizzo, ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia y que luego continuó Ricardo González. Como no podía ser de otra manera, la causa penal prescribió. El sobreprecio de la compra fue determinado por un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cálculo realizado por Rubén Cafaro fue de 685.000 dólares; o sea, 25.000 dólares más de lo que calculó el Tribunal de Cuentas de la provincia, a través de un dictamen firmado en su momento por el fiscal Gailliard. Casualmente, al asumir Faustino Schiavoni como presidente del PJ, a fines de 1995, el partido tenía una deuda importante con el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA), que rondaba los 650.000 pesos-dólares. Schiavoni también quedó al frente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, de quien dependía la Policía de Entre Ríos, beneficiada con el Bell Ranger. “Era un embargo que judicialmente se fue postergando”, se recordó. La deuda partidaria con la entidad crediticia se solucionó a poco de concretarse la operación con el helicóptero. Fuente: Análisis Digital.