Para Mainez las retenciones no tienen ninguna justificación

El legislador concordiense argumentó que “la preexistencia del Estado provincial con respecto al nacional, indicada en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional, permite afirmar que el ejercicio irrestricto de los derechos emergentes de la propiedad de los recursos naturales hacen a la esencia de la organización federal de la República”. “Los entrerrianos nos debemos este debate histórico. La provincia debe plantarse ante la Nación y hacerle cumplir estos preceptos constitucionales. No puede ser que el producto de lo que nos da nuestra tierra no quede en nuestras manos y el oficialismo protagonice discursos mediáticos solicitando las migajas de la mesa”, apuntó en un comunicado enviado a la redacción de RIEL FM. También cuestionó la posición de plantear coparticipar las retenciones a las exportaciones agropecuarias “ya que ello generaría un factor adicional de condicionamiento a las provincias, que no tendría en cuenta las fluctuaciones de los precios internacionales y no contemplaría la realidad de las economías regionales, los niveles de salarios, las políticas de inversiones públicas y privadas”. El diputado recordó que en 2005 y en el marco de la Región Centro, presentó un proyecto de resolución en la Comisión Parlamentaria Conjunta que contó con la aprobación de todos sus integrantes, solicitando a la Nación una compensación del 50 por ciento de los derechos de exportación que corresponden a la producción agropecuaria, fundado en los daños producidos a nuestro suelo y por la inusual transferencia de recursos de las provincias, a través de las retenciones que aplica la Nación. A principios de 2002, la Nación implementó las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario, un impuesto que incide directamente en el monto de los ingresos de los exportadores quienes, como una cascada, trasladan los efectos sobre los eslabones más débiles de la cadena de valor que son los productores agropecuarios. “La decisión de aplicar estas retenciones tuvo un criterio razonable en el contexto de 2001-2002, pero que hoy no tiene ninguna justificación”, sostuvo el legislador.