Paro agropecuario, un debate en el que abundan los matices

Propietarios, productores, arrendatarios, pooles, rindes, potencialidad, rentabilidad, palabras que vuelven particulares a las diferentes zonas del país a las que las retenciones unifican. De manera directa pero la mayoría de las veces, a través de los medios de comunicación, son muchos los que están siguiendo el desarrollo del denominado paro agropecuario. Algunos entendidos, otros con ‘cara de entendidos’, muchos arriesgan opiniones y se animan a formular juicios. Otros más humildes, admiten que les gustaría tener más conocimiento para poder analizar todo lo que está en debate y empiezan a lanzar algunos interrogantes. En Entre Ríos hay alrededor de 1.700.000 hectáreas agrícolas pero si se tiene en cuenta que en algunas zonas hay un doble cultivo -trigo/soja-, la sumatoria ubica esa superficie en aproximadamente 1.900.000 hectáreas. Describir el perfil del productor entrerriano, con cierto rigor, no resulta fácil. Se lo señala como un objetivo al que se dará cumplimiento cuando, como consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Conservación de Suelos, se cree el Registro de Productores, donde aseguran uno por uno deberá registrarse, incluyendo los datos de superficie propia o rentada, o ambas, que trabaja. Por ahora, el dato no lo tiene el Gobierno así como tampoco las organizaciones. No está categorizado el pequeño, mediano productor. De acuerdo a las consultas efectuadas, no están definidos a nivel nacional ni provincial, por lo que hay quienes lo incluyen en el listado de temas a consensuar con la participación de gobierno y entidades gremiales. Lo que en ámbitos oficiales se maneja de manera más aproximada es el dato correspondiente a la cantidad de hectáreas que trabajan productores que vienen de afuera de la provincia -de Santa Fe, Córdoba- y los fondos de inversión o pooles. Se estima que con esas caracerísticas se cultivan alrededor de 400.000 hectáreas en suelo entrerriano, algo más del 25 %. En general, se trata de campos alquilados aunque existen grupos que han optado por adquirir las tierras. Una observación a propósito de la modalidad señalada es que los fondos de inversión siembran en distintos puntos del país y muchos de los que lo hacen en la Pampa húmeda son los que llegan a Entre Ríos y por los valores que ofrecen, levantan el costo del arrendamiento, perjudicando en ese sentido al productor local. Esa problemática fue precisamente uno de los argumentos que se esgrimió en oportunidad de debatirse en Diputados, el año pasado, el gravamen a los pooles de siembra que contempla la Ley de conservación de suelos. “No debemos olvidar que en los últimos años los conocidos pooles de siembra han avanzado en desmedro de los productores agrícolas locales, principalmente porque concentran grandes capitales para aplicar a la producción, y por ende se hallan en condiciones de abonar precios de arrendamiento por hectáreas muy superiores a los de mercado que pueden afrontar los productores locales -por atomización del riesgo entre diversas regiones y gran superficie explotada-, con la gravosa consecuencia que este desplazamiento provoca”, había señalado el ex diputado Julio Aldaz en aquel debate. Efectivamente, aquella norma, ahora en proceso de reglamentarse, crea un derecho de uso de tierras cultivables y establece un gravamen del 3 % sobre el valor del grano precio pizarra de Rosario a los que proceden de otros lugares. [b]OTRO PERFIL[/b] Aunque como se señaló, no existe información certera sobre el agricultor entrerriano, de las consultas surge que, a diferencia del productor de hace años, propietario de la tierra en la que sembraba, en la actualidad, es un productor que tiene 100, 200, 300 hasta 1.000 hectáreas propias y puede llegar a sembrar 2.000, 3.000 hectáreas arrendadas, es decir, pasan a ser contratistas rurales. Aseguran que mientras antes casi no se arrendaba ahora hay quienes siembran 4, 5 mil hectáreas y su capital es un parque de maquinaria y 8 o 10 empleados. Son empresas que trabajan como agricultores sin tierra. Sin que el dato pudiera corroborarse, habría un 60% de la superficie de cultivo bajo ese régimen. En cuanto a alquileres, el pago a porcentaje con relación a la cosecha -que rondaba el 25 %- se ha modificado a partir del ingreso de productores de otras provincias, con un cambio de modelo, en el que la competencia por los arrendamientos es muy grande y se llega a pagar hasta un 30, 40 o 50 %. Así las cosas, surge en este punto, otra consideración reiteradamente escuchada. Hoy, con estos valores, al propietario de la tierra le resulta más conveniente arrendar, lo que lo exime de todo riesgo. [b]PARECIDOS[/b] Con tono de advertencia, los entendidos cuestionan que “cuando se analiza la rentabilidad del sector granario se lo hace desde el concepto de la potencialidad de los suelos de la Pampa húmeda y en realidad, Entre Ríos tiene suelos de menor calidad, con cierta marginalidad para la agricultura, con suelos menos fértiles, con rendimientos promedio inferiores a la media nacional y con mayores costos por ejemplo, dado en la necesidad de usar más fertilizantes que la Pampa húmeda”. Suman el tipo de suelos que requiere mayores costos tecnológicos por el uso de fertilizantes y el aumento de los costos de arrendamientos que históricamente fueron de 6, 8 quintales y hoy se habla de 10 y hasta 14 quintales con rendimientos promedios menores que la media nacional para dar cuenta que no todo puede medirse con la misma vara. [b]El dato[/b] 7 por ciento es la porción que Entre Ríos aporta a la producción granaria nacional, luego de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Fuente: El Diario.