Pepeleras: el Gobierno dice tener el apoyo de Kirchner

“El presidente me manifestó que si el Estado federal entrerriano me lo pide, iremos a la Corte Internacional de La Haya; y nosotros se lo vamos a pedir”, anticipó el mandatario y anunció que para ello se solicitará a la Legislatura provincial la elaboración de un instrumento legal, porque “queremos que sean todas las instituciones con representatividad popular las que hagan el pedido al Gobierno nacional”, apuntó. El mandatario provincial hizo esta revelación en el marco de una conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador; el ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, y el subsecretario de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, Gabriel Moguilner. Anticipó luego que mañana se reunirá con los bloques de legisladores justicialistas y el viernes hará lo propio con los de la oposición, con la presencia en Paraná de los apoderados Juan Carlos Vega y Romina Picolotti. [b]Detalles del encuentro con las autoridades nacionales[/b] Al referirse a los encuentros que mantuvo con las autoridades nacionales, explicó que “hicimos un análisis detallado de todas las acciones que ha realizado la provincia hasta el momento para que no se instalen las plantas de celulosa o si lo hacen, que sea con un criterio de diseño que no contamine”. Comentó que también se analizó de qué manera estaba funcionando la Comisión de Alto Nivel de las dos cancillerías, que finaliza su trabajo entre el lunes y martes de la semana que viene, y se concluyó que “no ha arrojado hasta la fecha ninguna conclusión positiva. La República Oriental del Uruguay no ha brindado ninguna de las informaciones requeridas por la Cancillería argentina, más aún hay actas no firmadas por ese país”. “Del análisis de esto, surgió que para lo único que ha servido esta comisión (que fue creada fruto de una acuerdo entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez) en los 180 días de trabajo es para que las fábricas avanzaran en su construcción y no tuviéramos ninguna información de la requerida. En cambio, la Argentina ha aportado numerosos estudios técnicos y del impacto socioeconómico millonario que nos va a causar el funcionamiento de estas papeleras”. “Es por ello que el presidente Kirchner decidió que el Gobierno nacional va a hacer lo que el Gobierno entrerriano le pida y llegamos a la conclusión de que el mejor requerimiento que podemos hacerle es acudir a la Corte Internacional de La Haya para dirimir el conflicto”, subrayó Busti. En ese sentido, añadió que “después de los dos dictámenes que seguramente van a surgir de la comisión binacional, la Argentina estará en condiciones de recurrir a la Corte de La Haya, que es el organismo internacional que puede dirimir esta cuestión y en el que pacíficamente los estados pueden resolver sus conflictos”. Destacó el gobernador que “ésta no es una cuestión menor, ya que sería la primera vez que el Estado argentino dirimiría una cuestión a la Corte Internacional de Justicia”. Concretamente, explicó, se pedirá a ese organismo que decida “si se cumplió o no -nosotros creemos que no- con el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y si realmente estas fábricas tal como se están construyendo contaminan y si provocarán un efecto transfronterizo, como según nuestros estudios lo anticipan”. [b]Diálogo[/b] Por otro lado, Busti advirtió que “una vez que se presente el pedido de decisión a la Corte Internacional, indudablemente el pueblo entrerriano tendrá que reflexionar, ya que estos organismos nunca actúan bajo presión. Es decir, tendremos que buscar formas de manifestarnos que no parezcan como que estamos presionando a estos organismos”. Por ello, adelantó que “vamos a hablar con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y a explicarles esto. No queremos provocar un efecto inverso del que queremos, por lo que una vez que se instale el pedido a la Corte tendremos que buscar manifestarnos de otra manera”, apuntó. A la vez, recordó que esta entidad no gubernamental solicitaba la presentación a la Corte Internacional de La Haya. Busti calificó luego a esta entidad ambientalista como “la vanguardia en la conciencia del pueblo entrerriano”, y manifestó que “no desalentamos la movilización, pero hay que hacerlo de una manera que no provoque efectos adversos y no deseados”. Más adelante insistió en que todos los entrerrianos, incluso los miembros de la Asamblea, analicen la presentación que se prevé realizar a la Corte Internacional de La Haya. “Tenemos que actuar con extremada seriedad porque si no lograremos el efecto contrario”, remarcó Busti. En ese sentido, el mandatario provincial se preguntó si efectivamente los cortes de ruta lograrán los resultados que se buscan. “Es decir, provocarle a los inversores y al Banco Mundial la sensación de que hay un planteo serio del Gobierno nacional, a pedido del Gobierno de Entre Ríos”, indicó. [b]Guastavino: “No vamos a desalentar la movilización del pueblo entrerriano”[/b] Por su parte, el vicegobernador Guastavino señaló que intentarán dialogar con la Asamblea para “analizar en forma conjunta los resultados de los cortes que se están produciendo, porque hay que dejar claro que no vamos desalentar la movilización del pueblo entrerriano; por el contrario creemos que esta va a ser una larga lucha”. Además, agregó que “en las acciones que estamos haciendo, tanto en el marco del derecho nacional como supranacional, necesitamos estar acompañados por el pueblo movilizado”. Destacó luego Guastavino que se mantendrá el diálogo con los integrantes de la Asamblea Ambiental “como se ha hecho siempre, para organizar acciones conjuntas”. [b]Estatuto del Río Uruguay[/b] En otra parte de sus declaraciones, el gobernador Busti comentó que el Estatuto del Río Uruguay - del cual tanto Argentina como la República Oriental del Uruguay son firmantes- establece que de haber conflicto entre los Estados debe recurrirse a la Corte Internacional de La Haya para dirimirlo. Si bien el mandatario entrerriano reconoció que las gestiones ante la Corte demandan un tiempo considerable, destacó que generarán inquietud en los inversores, porque de comprobarse las responsabilidades, el compromiso de los inversores será muy grande. [b]Relación con la Nación[/b] Más adelante, ratificó que “la posición que ha adoptado la provincia de Entre Ríos, es la misma que ha adoptado el presidente Néstor Kirchner. Nosotros defendemos los derechos de los entrerrianos, y hemos agotado todas las instancias que estuvieron a nuestro alcance”, insistió. También se refirió a la reunión que mantuvo con el titular del Ejecutivo nacional al manifestar: “Me conmovió la forma en que el presidente me planteó al decir que si el Estado entrerriano me pide, iremos a la Corte Internacional de La Haya”, parafraseó lo dicho por Kirchner. Por último, estimó que “el panorama es totalmente alentador y auspicioso para la provincia de Entre Ríos”. [b]Acciones desarrolladas por el Gobierno entrerriano[/b] Con la afirmación de que el Gobierno provincial “se preocupó desde el comienzo” por esta situación, en el marco de la conferencia de prensa el gobernador Busti detalló las acciones que se llevaron adelante desde la órbita provincial. En ese contexto, enumeró las siguientes estrategias, acciones y resultados de lo hecho hasta el momento: [b]1. [/b]La primera estrategia fue neutralizar las sospechas infundadas sobre la pretensión de Entre Ríos de instalar plantas en su propio territorio. La acción que se llevó adelante fue la presentación de un proyecto de ley que prohíbe la instalación de plantas de celulosa en el territorio en Entre Ríos. El resultado fue que este proyecto fue aprobado por unanimidad. [b]2. [/b]Involucrar un organismo internacional, independiente, imparcial y garante de los derechos humanos en la resolución del conflicto. En nuestro carácter de ciudadanos y en representación de intereses colectivos, el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino hicieron una presentación el 19 de septiembre de 2005 ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)) y se entrevistaron con el secretario ejecutivo, Santiago Cantón. El resultado fue que la CIDH acusó recibo de manera inmediata de la presentación y a las 72 horas solicitó formalmente al Estado de Uruguay información sobre las consecuencias del funcionamiento de las plantas y las posibles violaciones de los derechos humanos. La acción que se concretó es la presentación de importantes observaciones a la respuesta del Uruguay y se solicitó audiencia para el próximo período de sesión. El resultado es que la CIDH recepcionó la solicitud de audiencia para las sesiones de febrero y marzo de 2006. [b]3. [/b]Obstaculizar el otorgamiento de créditos, informar oportunamente al Banco Mundial y a la banca privada para involucrarla sobre el sentir del pueblo entrerriano y responsabilizar legalmente por daño a quienes otorguen créditos para estos emprendimientos. La acción que se hizo fue la presentación ante el ombudsman del Banco Mundial de una denuncia en contra de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, organismo asegurador de estos créditos. Se concretaron una serie de reuniones con la ombudsman y funcionarios del Banco Mundial en Estados Unidos; el presidente Néstor Kirchner envió una carta de preocupación al titular del Banco Mundial. El resultado fue la visita de la ombudsman a la zona en conflicto y el informe que realizó, desfavorable para el CFI y el organismo asegurador; la concreción de una auditoría sobre el proceso y la postergación del tratamiento por parte del directorio del otorgamiento del crédito por 400 millones de dólares a las empresas. La CFI publica el primer borrador de su informe y el Gobierno entrerriano y la Cancillería argentina lo impugnan. Esta impugnación es recepcionada por el presidente del Banco Mundial y el directorio ha postergado el tratamiento de estos créditos para las firmas finlandesa y española. También se hizo una presentación ante ING, operador o consultor del Banco de Bilbao de Vizcaya y al Banco BIN. El resultado fue una contestación favorable del consultor al indicar que por el momento no otorgará los créditos y la convocatoria a una reunión. [b]4. [/b]La cuarta estrategia fue producir información técnica sobre el impacto de las plantas en el desarrollo económico de la provincia. La acción que se llevó adelante fue la contratación de un equipo técnico independiente, parcial y de alto nivel con profesionales reconocidos a nivel internacional para que realicen el estudio. El resultado fue la incorporación de técnicos a la Comisión Binacional; la Cancillería argentina incluye estos estudios en la posición que adopta la delegación argentina en la Comisión. [b]5. [/b]Federalizar la posición de la provincia de Entre Ríos fue la quinta estrategia, y para eso el año pasado en el Salón de Gobernadores de la Casa Gris nos reunimos con los legisladores nacionales de todos los partidos que concurrieron. El resultado fue que los legisladores nacionales se comprometieran con esta causa. También se proporcionó al Estado federal información sobre las empresas argentinas involucradas en la venta de materiales para la construcción de las plantas y ante esto se detienen los embarques en la Aduana argentina. [b]6. [/b]Responsabilizar legalmente a las empresas y a sus directivos por la contaminación que producirán en los recursos naturales. Tanto el gobernador como el vicegobernador firmaron una denuncia penal contra todos los directivos de la Ence y la Botnia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. [b]7. [/b]Unificar y compartir esfuerzos con el Estado federal, para lo cual se solicitará al Gobierno nacional que se presente en la Corte Internacional de La Haya. Fuente y Foto: Noticias. Gob.