PIDEN AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN A BOLEAS Y SERGIO MONTIEL

La solicitud se basa en las contrataciones “manifiestamente irregulares, las que por una parte contradicen abiertamente las normas destinadas a su regulación, al mismo tiempo que han beneficiado ostensiblemente a particulares permitiéndoles el acceso bajo una falsa apariencia a una actividad económica de resultados no azarosos que le está vedado por ser monopólica del Estado”. El escrito sostiene que esta situación “lleva a pensar, con serios fundamentos en indicios numerosos y concordantes, en la probable comisión delictiva entre el entonces titular del Poder Ejecutivo y de quienes oficiaran como delegados suyos y en su nombre en el Iafas (Pablo Bertellotti y Antonio Boleas), durante los períodos cuestionados en la investigación”. Cabe recordar que Bertellotti se encuentra imputado en la causa, a raíz de la denuncia realizada por el gobernador Jorge Busti cuando cumplía sus funciones de senador nacional. Por esa misma fecha fue presentada una denuncia por el entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Mario Rovira, sobre los mismos hechos, ampliando las responsabilidades en Antonio Boleas y Sergio Montiel. La Sala 1 en lo Penal de Paraná, al momento de resolver la acumulación de ambas denuncias, destaca que si bien se está ante los mismos hechos, las responsabilidades son diferentes, por lo que sólo imputó a Pablo Bertelloti, lo que llevó a Rodríguez Allende a solicitar la ampliación de las imputaciones sobre Antonio Boleas y Sergio Montiel. Allende en su presentación manifiesta además que “de acuerdo a la documentación obrante se desprende que las actuaciones de los delegados del Poder Ejecutivo ante el Iafas incurrieron en accionar ilegítimo, permitiendo la participación de sociedades integrantes de grupos económicos que orientarían su actividad a la concreción de intereses ilícitos. Todo ello, en abierta violación, por parte de aquellos funcionarios y del Poder Ejecutivo delegante, de la prohibición, fundada en razones de orden público, expresamente consagradas por la Ley 5144 de creación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, y por la Ley 8703 sobre Represión de los Juegos de Azar”. En este mismo escrito, el funcionario sostiene que “es necesario tener en cuenta, que cuando se trata de la intervención a un organismo autárquico, confiada por el Poder Ejecutivo a un funcionario que actúa en carácter de delegado suyo y a quien le confiere todas las atribuciones del directorio, creado por ley para regirlo, lo actuado por los delegados no puede sino tenerse como una extensión de la voluntad del delegante, debiendo presumirse que este último debe conocer y consentir todos los actos relevantes, relacionados con la administración y disposición de los bienes que puso bajo su gestión por la vía excepcional de la intervención”. Fuente: APF