Piden medidas para minimizar los riesgos por el uso de agroquím

Bajo el título “Se debe controlar el uso de agroquímicos en comunidades educativas rurales”, el responsable a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, recomendó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y a los Ministros nacionales y provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos que coordinen “medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la zona”. El texto da cuenta de los resultados de la investigación para el proyecto “Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina” -realizado por la Institución en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, así como “numerosas denuncias sobre casos de fumigación en Pampa del Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los Toldos (Provincia de Buenos Aires) y Coronel Suárez (Provincia de Buenos Aires)”, recibidas por la Defensoría. En ese orden, cabe destacar la tarea que viene realizando el colectivo “Paren de Fumigar las escuelas” denunciando estos casos en el Departamento Uruguay y realizando un mapeo de las pulverizaciones cerca de escuelas. “Las denuncias y los estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los pedidos in situ, los efectos agudos en niños: dolor de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, cansancio, náuseas, angustia, entre otros. Además, muchas de las escuelas rurales se encuentran alejadas de los centros urbanos, por lo cual no son protegidas por las ordenanzas municipales que regulan la materia”, se explicó al justificar la intervención del Defensor del Pueblo nacional -en virtud de lo establecido por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que, en su artículo 126, sostiene que lo/as alumno/as tienen derecho a ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral; y a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo. Por tanto, la institución considera que “estos derechos y obligaciones de los alumnos se ven violados cuando, debido a las fumigaciones a las que se ven expuestos, deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para evitar los efectos agudos que produce la exposición”.