Piden una compensación económica para los empleados p&ua

El abogado de Rosario del Tala Carlos Rossi confirmó que esta semana presentará un recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia, solicitando una compensación económica para aquellos empleados del Estado provincial que percibieron sus haberes en Bonos Federales. El profesional dijo a El Diario que estaba trabajando en la presentación en la que patrocinará, según explicó, a alrededor de 1.000 trabajadores, entre activos y pasivos, en su mayoría de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla. “Estoy recibiendo un promedio de 100, 150 personas por día”, dijo el abogado en referencia al número de demandantes. Jubilados, pensionados, personal de Salud, de Vialidad, docentes en actividad son en su mayoría los demandantes. “Esto se inició hace unos 8 días y ha trascendido”, dijo el profesional talense quien acotó que tiene conocimiento que colegas de otros lugares de la provincia han iniciado trámites similares ante el STJ. Precisó que se trata de “una acción contencioso administrativa, de inconstitucionalidad y de cobro en pesos”. En cuanto a los fundamentos de la acción, explicó que toma como punto de partida el 50 por ciento de la depreciación sufrida por el Bono Federal desde junio de 2001 a junio de 2003. “Acompañamos los recibos correspondientes y surgirá de las instancias del juicio exactamente el cálculo del desfase producido”, acotó Rossi. “Quien cobró en Federales se sintió perjudicado; había una diferencia del 50 por ciento y hubo días en los que uno entregaba 1 Federal a cambio de 0,40 pesos”, recordó en referencia a “esa situación generada durante el gobierno anterior pero que el actual no puede desconocer”. El objetivo final es que a los demandantes se les abone la diferencia que surja del cálculo de los montos efectivamente percibidos a raíz de la depreciación de la cuasimoneda en relación con el peso. “Por el perjuicio causado al haberle metido la mano en el bolsillo a los empleados públicos, hoy vemos la posibilidad de poder reclamarle al gobierno a través de los caminos legales correspondientes”, indicó. Argumentó que se vio afectado el principio de propiedad, artículo 17º de la Constitución Nacional. “Si uno tenía que cobrar 100, merecía el 100 por ciento y no el 50 por ciento”, insistió. Por la situación señalada, empleados del Instituto de la Obra Social de la provincia (IOSPER) habían presentado un recurso administrativo en marzo de 2003, que aún no ha sido resuelto. En este caso, con el patrocinio del doctor Marcelo Baridón, la presentación que involucra a la mayoría de los trabajadores del organismo oficial es a título de diferencia de cambio o diferencia de valor, a partir de que el Federal, una cuasimoneda, tenía un valor nominal y otro de mercado. El fundamento es que “cuando el valor de mercado es inferior al nominal da derecho al titular del papel a reclamar al emisor la diferencia existente”. En este caso, la diferencia de cambio reclamado por empleados de la obra social fue denegado por la conducción del Instituto, lo que motivó la elevación de un recurso de apelación jerárquica ante el gobernador, que es lo que actualmente está en trámite. El expediente incluye un informe de la Bolsa de Comercio en el que consta la depreciación de la cuasimoneda, ubicándola al 20 de diciembre de 2002 en 0,60 pesos. FUENTE: ANALISIS DIGITAL