Pidieron un año y medio de prisión condicional para Mass

La Fiscalía pidió un año y medio de prisión condicional para el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, en el juicio que se le sigue en el juzgado Correccional Nº 2 a cargo de Pablo Vírgala, por la quema de la puerta de casa de Gobierno. En tanto, la defensa del dirigente gremial a cargo de los abogados Marcelo Baridón y Rosario Romero, reclamó su absolución luego de un alegato de casi dos horas. La fiscal Cecilia Goyeneche sostuvo la acusación de “daño agravado a bienes públicos” contra el dirigente gremial, a quien señaló como coautor del hecho, a la vez que retiró la acusación que pesaba sobre Pablo Sciortino como partícipe necesario. Entre sus consideraciones, la representante del Ministerio Público ponderó la gravedad del hecho por tratarse de un bien público simbólico por ser sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo entrerrianos, declarado patrimonio histórico nacional. Goyeneche, quien pidió proyectar un video como parte de las pruebas, basó la acusación principalmente en la denuncia del entonces secretario de Gobierno, Giordano Boggián, y en los testimonios de los policías Acosta, Núñez y Rodriguero. En ese sentido indicó que Massarotti incurrió en dolo directo haciendo hincapié en las posteriores declaraciones del dirigente a los medios de comunicación atribuyéndose la “responsabilidad política del hecho”. También marcó su rol de liderazgo y lo sindicó como la persona que distribuía las tareas entre los manifestantes. Entre los argumentos para descartar cualquier justificación del hecho, la representante del Ministerio Público descartó figuras como la desobediencia civil y señaló que “no había agresión ilegítima en curso”, ni policías en el momento de la quema. En cuanto a la culpabilidad aseguró que Massarotti estaba en pleno conocimiento del daño que podía causarse con la quema y de la ilicitud del hecho. A su turno el defensor de Pablo Sciortino, Julio Federick, remarcó el daño que se le hizo a su defendido en cinco años y medio de proceso. Destacó, además, la liviandad y la ligereza con la que se lo acusó, ya que el funcionario policial compuso el número de patente de su camioneta por dichos de terceros. En este punto le contestó a Goyeneche: “Esto no es mala suerte, señora fiscal, es otra cosa” y consideró que a su cliente, para quien pidió un resarcimiento, “lo tiraron a la parrilla sin que tuviera vinculación con la protesta”. Finalmente solicitó la remisión del testimonio del comisario Luis Alberto Rodriguero a la Fiscalía para que considere la figura de falso testimonio. La defensa de Massarotti, en tanto, pidió su absolución. El abogado Marcelo Baridón se circunscribió a los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001, según los testigos y las pruebas adjuntas, apegado a la historiografía y al método reconstructivo. En ese sentido reconstruyó el contexto histórico haciendo referencia a normas y decretos que llevaron a situaciones de precariedad y hostigamiento a los trabajadores y recortes de la prensa escrita que daban cuenta de la crítica situación económica, política y social de la época. Hizo referencia a que la decisión de la Multisectorial de marchar hacia Casa de Gobierno se debió a las muertes de dos adolescentes. Aseveró que quedó claro el rol de la Multisectorial como movimiento sin organicidad ni jefaturas que tomaba sus decisiones en asambleas horizontales y democráticas. “Al menos 10 dirigentes encabezaban la movilización”, señaló. Luego se detuvo en el testimonio de Ojeda, que dijo ver por la ventana del primer piso de la Jefatura el incendio. En este punto, Baridón señaló que dijo la verdad porque sus dichos “coinciden con el testimonio de los manifestantes que ubican en fuego en la calle y no cerca de la puerta”. Finalmente advirtió sobre los testimonios de Carbó y Boggián que deslindaron responsabilidades alegando desconocer normas clave como la Ley de Seguridad Interior, a la que la Provincia había adherido. “No hay ninguna prueba de cargo ”, según Romero En tanto, la abogada Rosario Romero realizó el encuadre y la argumentación jurídicos poniendo en juego el principio del estado de necesidad justificante que implica una acción “para evitar un mal mayor”. Asimismo aseguró que no está acreditada la autoría del hecho: “No hay ninguna prueba de cargo que asevere que Massarotti haya tenido un rol ejecutivo, aunque sea difuso, en el hecho concreto de la quema para que se afirme la coautoría”. Además, señaló que para que esto suceda se debe verificar la existencia de un acuerdo previo a la acción y la evaluación de sus consecuencias. “La Multisectorial se puso de acuerdo para hacer una manifestación, pero no hubo acuerdo previo de voluntades para producir delito o dañar bienes del Estado”, puntualizó. Entre otras cosas rebatió la argumentación de la fiscal por ser una construcción selectiva de partes de testimonios que prescinde del contexto para basar la acusación. “Las autoridades y la Policía dejaron que se quemara la puerta porque tenían la pesada mochila de dos muertes. Dejaron hacer para disminuir el oprobio del día después”, dijo para cerrar su alegato “La contracara de los que no asumieron la responsabilidad” Para finalizar el juez otorgó la palabra a Sciortino y a Massarotti. Por su parte, Massarotti dijo ser la “contracara” de aquellos que no asumieron la responsabilidad política del caos, las muertes y la represión. Reivindicó el derecho a la protesta y a la resistencia e interpeló a la conciencia de autoridades, legisladores, jueces y dirigentes, preguntando qué hizo cada uno mientras se sucedían esos hechos. En otra parte de su manifestación indicó que no le consta que José Daniel Rodríguez se haya encargado de las cubiertas ese día, tal como había afirmado el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Alejandro Sologuren. Finalmente pidió perdón a su familia “por tener la Policía en la puerta de la casa todos los días y pidió “una justicia amplia” . Por su parte Sciortino indicó que la imputación injusta en el hecho le trajo graves consecuencias en el plano personal, familiar, laboral y social. [b]Falso testimonio[/b] La fiscal pidió que sean encuadrados en el supuesto delito de falso testimonio las declaraciones del abogado Rubén Pagliotto, del ex jefe de Policía comisario general (R) Victoriano Ojeda y las del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Alejandro Sologuren. Fuente: diario Uno.