Martes 9 de Agosto de 2005, 11:22

Prigioni desmintió que haya negado información

| El director de Información Pública de la provincia sostuvo que “no es verdad que el corresponsal del diario Clarín en Paraná haya realizado más de diez pedidos de informes acerca de la distribución de la publicidad oficial”, sino que presentó sólo uno el día 4 de julio del corriente año, el que fue contestado el 25 de julio”, aclaró.

Victor Prigioni indicó que “tampoco la información fue negada, sino que se le contestó que en esta Dirección existe una resolución (Nº23 del 27/12/04), anterior al decreto de acceso a la información pública, que establece la reserva de estos datos por tratarse de una herramienta comunicacional del Estado y con el fin de preservar la armonía y cordialidad entre esta Dirección y los medios de comunicación y de éstos entre sí”. El funcionario agregó que “la información solicitada está en los organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia”, y le informó que esta Dirección al día de la fecha “lleva ejecutados $ 444.336,10 del Presupuesto Oficial, habiéndose establecido provisoriamente en $ 923.000 anual”. En este marco, Prigioni resaltó que “de ninguna manera la información fue negada, ni tampoco me negué a contestar lo solicitado. Lo que sí pudo haber ocurrido es que al señor Londero no le haya conformado la respuesta brindada, para lo cual tiene la posibilidad de concurrir a los estamentos correspondientes”. El titular del área comunicacional del Estado provincial manifestó que “el matutino hace juicio previo, al determinar que la resolución Nº23 se opone al decreto 1.169 del Poder Ejecutivo, cuando en primer lugar esta resolución es anterior a ese decreto y, por otra parte, deberán ser los organismos competentes, como la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía de Estado, quienes determinen si las normas se contraponen o no”. Prigioni aclaró que “tampoco es verdad que esta Dirección se haya amparado en los supuestos de excepción de la norma, basados en la seguridad y salubridad pública (puesto que la Resolución Nº23 es anterior al decreto 1169)” y argumentó su opinión de que la información fue “mal intencionada o mal interpretada”, al referir que “me extraña que un medio tan serio y prestigioso y que habitualmente consulta todo tipo de información oficial en esta repartición que se responde inmediatamente, en este tema no se haya remitido a nuestra fuentes con el fin de obtener los datos precisos”. Finalmente, recordó que en el Seminario sobre Acceso a la Información Pública, realizado el 28 de julio en Paraná, el periodista Oscar Londero planteó el tema y el director de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Nicolás Raigorodsky, le manifestó que era saludable que hayan funcionado los mecanismos previstos en el decreto y que debía “celebrar que un funcionario haya contestado la solicitud, pues a nivel nacional pedidos similares han sido sistemáticamente obviados y respondidos fuera de los tiempos establecidos”.