| Entre Ríos debe recuperar su empresa de distribución de energía eléctrica, y ponerla al servicio de un plan estratégico de desarrollo provincial, que hoy brilla por su ausencia. Por tratarse de un servicio público esencial, monopólico, y de relevancia estratégica para el desarrollo provincial, el Estado no puede desentenderse de su gestión.
"A mediados de los ’90, en pleno auge del furor neconservador en la Argentina - que sus fervorosos cultores de ayer hoy denuestan hoy con insólito cinismo - los gobernadores Moine y Busti iniciaron y consumaron una “transformación” que hoy lamentamos todos los entrerrianos: la privatización y la extranjerización de la empresa provincial de energía eléctrica.
Debe reconocerse, sin medias tintas, el tremendo error que significó esa decisión política. Entre Ríos era, en ese momento, ferviente defensora de las políticas económicas del menemismo, las mismas que nos dejaron las secuelas de la exclusión social y la concentración económica más gravosas que recuerde la historia de la Argentina moderna; y cuyas consecuencias llevaron a las condiciones de la explosión de la crisis de la convertibilidad en 2001 y 2002. Eran los tiempos en que Alberto Fernández, funcionario del gobierno menemista, se deshacía en elogios a su jefe.
En línea con esa adhesión incondicional al “modelo” imperante se perpetraron los ignominiosos “pactos fiscales”, que significaron una enorme pérdida de recursos para la provincia; y también en consonancia con las líneas directrices del gobierno nacional del Partido Justicialista - que entregó YPF, Gas del Estado, y tantas otras - se tomó aquí la nefasta determinación de privatizar EPEER.
En esta materia, Entre Ríos fue una alumna aventajada, superando en obsecuencia a otras provincias hermanas que aún en ese momento resistieron las presiones y se negaron a la entrega de sus empresas de energía.
Las consecuencias están a la vista; vaciamiento de la empresa, endeudamiento desmesurado, trabajadores en la calle, desinversión, falta de un proyecto energético al servicio de una estrategia de desarrollo para la provincia.
No necesitamos decirlo nosotros, lo reconoce con todas las letras el texto del Decreto que quita la concesión a EDEERSA y se la otorga a la nueva empresa ENERSA (ya que estamos, le ponemos un nombre parecido a ENARSA y quedamos bien con el Presidente), cuando en sus considerandos señala la “notoria disminución de las inversiones de Edeersa y las deficiencias en la operación del sistema eléctrico” y “que la gestión privada de la concesionaria ha terminado en un fracaso con grave perjuicio para el servicio y para los usuarios”.
Lo que también debe reconocerse es que se ha perdido un tiempo precioso, desde que en la anterior administración se propusiera una solución similar a la hoy adoptada, al crear la empresa COENSA y otorgarle la concesión del servicio, y dejando la deuda para quienes la contrajeron; solución que se condenó de parte de quienes hoy reconocen tácitamente que era la alternativa correcta.
Entre Ríos debe recuperar su empresa de distribución de energía eléctrica, y ponerla al servicio de un plan estratégico de desarrollo provincial, que hoy brilla por su ausencia pero será necesario encarar algún día.
Por tratarse de un servicio público esencial, monopólico, y de relevancia estratégica para el desarrollo provincial, el Estado no puede desentenderse de su gestión. En todo el mundo las empresas de distribución de energía eléctrica dan ganancias. Esa renta debe quedar en suelo entrerriano, al servicio del progreso y la mejora de la calidad de vida de su gente.
Debe rechazarse de plano, por falaz, la pretensión de que todas las empresas estatales son ineficientes, ineficaces, y deficitarias. Hay sobrados ejemplos, en la Argentina y en el mundo, que muestran lo contrario. También es verdad que en la Argentina sucesivos gobiernos demagógicos y populistas utilizaron de manera irresponsable empresas públicas como parte del botín del Estado, y eso llevó a la larga a su quiebra y a su ruina; factores que a su vez constituyeron la mejor propaganda de los interesados en probar que “achicar el Estado era agrandar la Nación”.
Es posible construir empresas públicas que cumplan adecuadamente su misión. Empresas públicas eficientes y eficaces, que paguen sus impuestos y remuneren adecuadamente a su personal; que brinden un servicio de calidad a sus usuarios, que se administren con transparencia, brindando en Internet toda su información pública; en donde se ingrese y se ascienda por mérito y no por amiguismo con el funcionario de turno, que se gestionen acorde a los más modernos criterios de administración empresarial. Empresas controladas por organismos de regulación con participación de los usuarios. Empresas en las que el Estado provincial haga participar a las cooperativas, a los municipios, y a sus trabajadores.
Quizás las empresas públicas argentinas, salvo excepciones, nunca fueron así. En todo caso, será hora de asumir el desafío. Hace falta imaginación y audacia. Hace falta - esencialmente - voluntad política. En nuestra provincia sobran recursos humanos y tecnología de gestión para responder a ese desafío".
Opinión: por José Antonio Artusi
