Productores critican el aumento de la presión fiscal

La Mesa de Enlace rechazó este sábado en Villaguay un aumento en la "presión fiscal" por cuanto, dicen, la instrumentación de la medida ocasionará "más productores expulsados", negó que el sector tenga "rentas extraordinarias" y planteó que "el hambre en nuestro país no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en qué se gastaron". "No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector sea acompañado por los poderes del Estado, ni en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas". La frase pertenece al documento que emitieron los productores de las cuatro entidades del campo (Federación Agraria, Sociedad Rural, Federación de Cooperativas y la Federación de Asociales Rurales de Entre Ríos) que se reunieron este sábado en Villaguay. Allí, los ruralistas, que se declararon en estado de alerta y movilización, discutieron en torno a las medidas económicas del gobierno nacional de Alberto Fernández, y a las que adhirió el gobierno provincial de Gustavo Bordet. En el documento, cuestionaron la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso el 21 de diciembre de 2019. El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo. Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria. En la asamblea de Villaguay, los productores discutieron además sobre la suspensión del Consenso Fiscal de 2017, que firmó el entonces Presidente Mauricio Macri con los Gobernadores. En el Pacto, Entre Ríos se comprometía a eliminar las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) en determinadas actividades. Sin embargo, el acuerdo fiscal fue suspendido por la Legislatura entrerriana a mediados de diciembre de 2019. Diputados aprobó su suspensión el 18 y el Senado el 20. En ambos casos se realizó con el voto de la mayoría oficialista y con la oposición de Juntos por el Cambio. En la Asamblea, los productores emitieron un documento con una serie de reivindicaciones y reclamos. Manifestaron su "compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prosperas y sin desequilibrios". Luego rechazaron "el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia". Agregaron que en esta "nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el Estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental". En ese marco, en relación a la Ley de Solidaridad Social, afirmaron: "No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del Estado, ni en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas". Enseguida, rechazaron "todos los intentos de algunos sectores de la política o de la sociedad de imponer un relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, lo que no solo lleva a posturas muy alejadas de la realidad, sino que estimula el enfrentamiento entre los argentinos". En otro punto, plantearon que "además del enorme peso que se soporta por la desmedida presión fiscal, se debe resolver el impacto negativo de las tasas interés en los productores endeudados". Luego manifestaron que "el hambre en nuestro país no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en que se gastaron". Entre las exigencias, solicitaron la reglamentación del artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social de Segmentación "en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del Presidente Alberto Fernández". Por último, se manifestaron en estado de alerta y movilización, y facultaron a las entidades agropecuarias "a realizar todas las gestiones y acciones gremiales necesarias, en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias". En el encuentro estuvieron los representantes de la Mesa de Enlace Nacional, y de las entidades agropecuarias locales: la Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Entrerriana de Cooperativas. Además, estuvieron dos legisladores nacionales de Juntos por el Cambio: el Diputado Nacional y ex Intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein; y el Senador Nacional Alfredo De Angeli, ambos del Pro. Fuente: Entre Ríos Ahora.