Proponen cambios en la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas
| Un proyecto de ley presentado en la cámara baja propone introducir modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. “Queremos garantizar el acabado cumplimiento de las normas constitucionales para lograr una verdadera transparencia e independencia”, dijeron sus autores, los diputados del bloque Integración.
La iniciativa señala algunas situaciones que deben mejorarse en la orgánica, con la intención de lograr que el poder político tenga cada vez menos injerencia en el funcionamiento de este organismo de control.
El proyecto prevé como impedimentos para ser miembros del Tribunal de Cuentas “el desempeño de un cargo electivo en el ámbito nacional, provincial o municipal dentro de los diez años anteriores a su proposición; y la designación de cargos ejecutivos o de asesoramiento ejecutivo o legislativo en el ámbito nacional, provincial o municipal dentro de los 10 años anteriores a su proposición”.
Tampoco se podrá “desempeñarse como titular o adjunto de la Fiscalía de Estado u otro organismo de contralor creado o a crearse dentro de los 10 años anteriores a su proposición y tener una relación de vínculo conyugal o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con un miembro del Superior Tribunal de Justicia o con el titular del Ejecutivo, sus ministros, secretarios de estado y con legisladores nacionales, provinciales, titulares de los Ejecutivos Municipales o concejales de la gestión que lo propone”.
A su vez, el proyecto propone la realización de concursos de oposición y antecedentes para la cobertura de los cargos de secretarios Letrados y Contables del Tribunal, Fiscales de Cuenta, secretarios de los Vocales y los Auditores, “con la finalidad de evitar cualquier sospecha en cuanto al abuso discrecional y la injerencia del Ejecutivo en la designación de sus propios colaboradores”.
Agregan además los legisladores que advirtieron que el desempeño de la actividad privada de los funcionarios de Ley "podría generar conflictos de intereses en las altas funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal de Cuentas, por lo que hemos ampliado los impedimentos fijados para los miembros del Tribunal, a los fiscales de Cuentas, secretarios, auditores y asesores jurídicos”, expresaron en un comunicado.
Para el caso del requerimiento de control preventivo, “resulta procedente que la opinión emitida por el Tribunal respecto de las actuaciones, actos o decretos relacionados con actos administrativos sea vinculante, ya que si solo es a título de asesoramiento, se verifica una desvalorización del control posterior y no se evita el posible perjuicio al erario público”.
Fuente: AIM.
