Proponen que el Estado financie y controle los gastos de los partidos

Para el autor del proyecto de reforma, el convencional radical, Jorge Monge “en una sociedad democrática, los partidos políticos constituyen las únicas organizaciones capaces de agregar y armonizar los intereses diversos en función de un proyecto común. Posibilitan la participación, el ejercicio de la política y son indispensables para el control de las gestiones de gobierno”. Monge explicó que el antecedente de sostenimiento económico de los partidos políticos proviene del Art. 61 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece un fondo permanente de asistencia a los partidos políticos, debiendo obligatoriamente estos destinar parte de los fondos públicos que reciban a actividades de formación política e investigación. “En la actualidad la regulación, en este aspecto, en numerosos Estados ha avanzado en el sentido de aumentar el aporte estatal, directo o indirecto, y de incrementar y perfeccionar los controles sobre los aportes de origen privado, estableciéndose generalmente techos y categorías” sostiene Monge y agrega que “el control de los aportes y el empleo que de ellos se realice, hace sin lugar a dudas a la transparencia, a la moralidad, a la vez que puede contribuir a garantizar mayor independencia de los candidatos y de los partidos”. Respecto de la regulación de las campañas electorales, Monge plantea “una manda constitucional para que el legislador ordinario ponga límites a la extensión, pero solo en los medios de comunicación, porque hay que estar atentos a dos cuestiones: la desigualdad de recursos económicos entre los partidos, lo que de hecho hace que algunos - los que están en el gobierno, los vinculados fuertemente a determinadas empresas o grupos económicos, etc. - destinen cifras escandalosas para aparecer en medios y por otro lado, la idea es que la Legislatura sola podrá intervenir y acotar las campañas publicitarias del gobierno en los medios de comunicación, pero no las realizadas de otra forma como la actividad personal de los candidatos, dirigentes o militantes, las que pueden encararse de con la más variada imaginación”. Por último, sobre la proposición de prohibir a los gobiernos, durante el desarrollo de las campañas electorales, toda propaganda institucional que pueda inducir al voto, Monge opinó que “se ha naturalizado la confusión entre el deber del Estado de informar sobre la gestión y la publicidad que sobre esa gestión hace el partido que gobierna. Es un viejo vicio peronista el de instalar la iconografía partidaria en los actos de gobierno”. [b]Texto del proyecto de reforma:[/b] “Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos. El Estado provincial reconoce y garantiza la existencia de aquellos en cuya Organización y funcionamiento se observen la democracia interna, la adecuada representación de las minorías y demás principios establecidos en las constituciones nacional y provincial. Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo, son instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. Solo a ellos compete postular candidatos para cargos públicos electivos. La provincia contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario permanente. Los partidos políticos destinaran parte de los fondos públicos que reciban a actividades de capacitación e investigación, debiendo rendir cuentas periódicamente del origen y destino de sus fondos y de su patrimonio. Una ley establecerá los límites de gastos y duración de las campañas publicitarias electorales. El gobierno, durante el desarrollo de estas, no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto. Los partidos políticos tendrán libre e igualitario acceso a la difusión de sus propuestas electorales”.