Proyectan una situación crítica del Instituto del Seguro

“Las resoluciones 31.134/06, 31.135/06 y 31.731/07 de Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) establecieron un nuevo régimen para la determinación de capitales mínimos y cálculo de reservas matemáticas. Las nuevas resoluciones 32.080/07 y 32.201/07 de SSN, dictadas recientemente establecen un nuevo método en el cálculo de tarifas e incrementan las necesidades de capital adicional para garantizar siniestros pendientes”. Este párrafo pertenece a la introducción de un documento de circulación restringida entre los miembros del directorio del Instituto del Seguro de Entre Ríos y las principales autoridades de Hacienda de la provincia, al cual El Diario accedió en forma exclusiva, y que revela el momento de un complejo estado financiero que podría resumirse en la última frase: “necesidades de capital adicional para garantizar siniestros pendientes”. Cambios en el esquema del negocio, errores propios y la sucesión de infortunios en la historia de la principal empresa que posee hoy el Estado entrerriano se combinan para poner al Instituto del Seguro en un delicado escenario financiero, que tiene como resultante que el último estado de resultados corporativo arrojara un ¿déficit?, ¿retraso?, ¿desfinanciamiento?, ¿descapitalización? de casi 15 millones de pesos: 14.703.000, para ser más precisos. La ambigüedad en la caracterización reside en que el término varía de acuerdo al ojo que lo define, y el lugar desde el que se lo mira. No es lo mismo lo que dicen profesionales vinculados al sector, fuentes del Gobierno consultadas y el propio ministro de Economía, contador Diego Valiero, en una entrevista realizada por esta Hoja. Sin embargo, cualquiera sea la taxonomía utilizada por las partes, la conclusión es unívoca: es negativo. [b]ENCUENTRO[/b] Días atrás, el ministro Diego Valiero, el vicegobernador electo Eduardo Lauritto, la presidenta del Seguro Lidia Miret y Jorge Otegui —un lúcido técnico en empresas del Gobierno— mantuvieron una reservada reunión con Miguel Baelo, superintendente de Seguros de la Nación, y su equipo técnico —el propio Gobierno no dejó trascender el encuentro aunque se había anunciado que también serían parte Jorge Busti y Sergio Urribarri que, abruptamente, optaron por no viajar—, en el que se explicó a los dirigentes entrerrianos, que fueron en busca de un atajo, la condición universal en la aplicación de las resoluciones y la imposibilidad de adecuarlas sui generis. En la Nación reconocieron —según dicen en el Gobierno— los avances de la actual gestión para detener la inercia de los juicios que llevaron a poner en duda la continuidad de la empresa en 2003, se entendió también que es una empresa con aval estatal, que cumple una función social y que su actual status es más bien hijo de la historia que de la buena voluntad de los actuales funcionarios. Tiene razón, pero marche preso. Así, la necesidad de la Superintendencia de brindar mayor seguridad al sistema genera un nuevo entramado legal que condiciona a las empresas a realizar una ecuación entre sus activos, los juicios pendientes y el comportamiento en la última década, lo trasunta en una espada de Damocles para la aseguradora entrerriana. Los 1.680 siniestros judicializados y el inestable apego a honrar los compromisos —el 41 % de los juicios se generaron durante la presidencia de Miret, y el 59 % en la gestión anterior— colocan al IAPS ante un desafío de envergadura. Con el antecedente del pedido de capitalización, exactamente un año atrás y asignado por ley, de casi 18 millones, hoy el balance demandaría la “capitalización” de unos nuevos 15 millones de pesos. Esto es lo que una fuente muy cercana al binomio que gobernará la provincia desde diciembre mantiene a “Lauritto y El Pato muy preocupados por la situación financiera del Seguro”. [b]INDICADORES[/b] Según el paper interno, cuando en el mes de diciembre asume la tercera gestión el Dr. Busti, el Instituto del Seguro poseía 1.975 juicios —295 más que actualmente, habiéndose reducido menos de 15 % el caudal de siniestros judicializados—. Entre otros indicadores poseía capitales mínimos con un superávit de 1.420.201 pesos; mensualmente la empresa, en su estado de cobertura, evidenciaba un déficit de 120.300 pesos en concepto de compromisos exigibles y siniestros liquidados pagar, en tanto que el activo ascendía a $ 70.184.865, y el pasivo a $ 51.245.184. Según el documento elaborado por la presidencia, “el objetivo de la gestión se ha concentrado en lograr que el Instituto sea una institución competitiva, con liderazgo local y presencia en el mercado asegurador, apuntando a un crecimiento y calidad de su cartera, revirtiendo la situación observada…”. A la luz de los números, la estrategia se centró en competir en el segmento de Riesgo del Trabajo (ART) ganando mayor participación dentro de su cartera, pasando en los últimos cuatro años del 12 al 29 %, en detrimento de Elementales y Vida, que cayó del 85 al 67 %, contando en esto el abandono del mercado porteño de automóviles y la muy baja performance en Riesgos de Trabajo en la provincia de San Juan, donde fuentes confiables aseguraron que la empresa pierde más de 2 millones de pesos desde que se rubricó el contrato en febrero de 2005. El problema para las finanzas de la empresa se presenta cuando, el 9 de junio de 2006, la Superintendencia de Seguros modifica el monto de reservas por IBNR (siniestros ocurridos y no reportados). “Las resoluciones 31.134 y 31.135 (…) establecieron requerimientos de capitales mínimos y modificaciones en el cálculo de reservas por siniestros pendientes e IBNR que impactan sobre el total del pasivo, determinando una mayor exigencia de capital que las empresas deben aportar para lograr el capital mínimo requerido por el órgano de contralor”, dice el documento. Esto llevo a que la presidenta Miret evaluara su necesidad de capitalización en 8 millones de pesos, inicialmente, para solicitar al Poder Legislativo luego un aporte de 17 millones, que fue aprobado con la sanción de la ley provincial 9.760. Entre los cambios que introducen las nuevas normativas, se observa, quizá lo más importante, que “en todos los cierres trimestrales las entidades deberán calcular los resultados técnicos de sus operaciones de cada cobertura correspondientes a los 12 meses anteriores del cierre, y en caso de verificarse un resultado negativo, indicar: los motivos que lo ocasionaron y un plan de regularización. (…) Esta disposición impacta en toda su magnitud, ya que no sólo se estiman la siniestralidad de los períodos de ocurrencia, sino que además se agrava con la siniestralidad pendiente correspondiente al run off (final) de la aseguradora, ocasionando serias distorsiones”, advierte el documento en otro momento. En buen romance, esto significa que como la siniestralidad judicializada no resuelta en el Instituto es muy alta, impactará frontalmente toda vez que se realice un cierre trimestral o anual, siendo mayor la necesidad de reservas —actúa como el encaje para un banco— con que la entidad debe hacer frente. Esta situación ha llevado a que el estado financiero de la aseguradora de Entre Ríos produzca en el reciente ejercicio un resultado negativo de casi 15 millones de pesos, aunque no queda claro cómo hará frente a esta situación. Pero eso no es todo. El panorama se presenta tan gris que la misma presidenta pone en alerta al directorio y al ministro Valiero. En las conclusiones del documento se lee indubitablemente: “(…) Las nuevas disposiciones de la Superintendencia plantean elevadas exigencias que, en el corto plazo, no es factible solventar con el giro corriente producto de su actividad. Estas exigencias se traducen en un incremento en el pasivo del organismo por actualización de los juicios que mantiene en su cartera, de cola larga y difícil tratamiento. El análisis planteado proyecta una situación crítica cuya estimación es de carácter incierto y variable”. [u]El dilema de los juicios [/u] Según información oficial del Instituto del Seguro de Entre Ríos, en marzo de 2006 la deuda en concepto de siniestros con demanda y/o sentencia actualizada se estimaba en $ 140.478.384. Al mes de junio de 2006 el saldo por ese concepto asciende a 149.755.546 pesos. “Esos pasivos se encuentran valuados conforme las disposiciones y compromisos técnicos por total de $ 64.071.703”. En la actualidad existen 1.680 siniestros judicializados. De acuerdo a la estadística del Instituto, 11 encuentra un monto de demanda/sentencia superior al millón de pesos, 35 casos por un millón, 71 por 500 mil pesos, 102 casos por 50 mil y 107 por 25 mil pesos. [u]Para destacar[/u] El Instituto, en concepto de seguros elementales de personas, riesgo del trabajo y seguro de retiro, durante el último ejercicio, ha facturado 5.123.583 pesos de prima promedio mensual. Los seguros oficiales representan el 50 % de su facturación, manteniendo la tendencia de ejercicios anteriores. En marzo de 2006 se proyectaba sólo en riesgos elementales y vida una facturación para el ejercicio 2006-2007 de 27 millones de pesos. A junio de 2007 la facturación por esas ramas alcanzó 42,4 millones de pesos. Fuente: Gustavo Sánchez Romero de la redacción de El Diario de Paraná.